NEUQUÉN (AN).- La deuda que mantiene el Consejo Provincial de Educación (CPE) con sus proveedores supera los 30 millones de pesos. El dato fue confirmado por la presidenta del organismo, Patricia Ruiz, que ayer intentó esquivar las preguntas sobre el tema. Sólo lo hizo ante la insistencia de los periodistas para saber si el monto que debe el Consejo oscilaba entre los 30 y 40 millones de pesos, como trascendió durante la última semana. Dijo que "más o menos" se trata de ese número.
Antes había mencionado, sin acceder a oficializar cifras, que "tenemos una deuda importante con los proveedores y se está trabajando". Añadió que "es parte de la refinanciación de la deuda global de la provincia", tarea a cargo del ministerio de Hacienda.
"Yo no manejo números. No es que no lo sepa (por la deuda). Pero es un tema que no hace a la cuestión pedagógica", se excusó la funcionaria. Las declaraciones las hizo en una conferencia de prensa que convocó ayer al mediodía, en un alto en la sesión del cuerpo colegiado. Informó que en el transcurso de la mañana, el organismo había derogado la resolución 163, una polémica norma que generaba el encono de los docentes, ya que obligaba a directores de escuela a proveer información al gobierno de quiénes se sumaban a las huelgas convocadas por el gremio ATEN.
Ruiz informó que fue una "derogación unánime". También quedaron sin efecto los cerca de 50 sumarios seguidos contra directores que habían desobedecido los términos de la normativa, surgida durante el gobierno de Jorge Sobisch, y que el sindicato atacó judicialmente en la provincia, y llevó a la Organización Internacional del Trabajo, ya que la consideró un atentado contra el derecho a huelga.
Muchos de esos sumarios no terminaron con sanciones a los maestros. Parte de ellos contaban con tutela sindical, por pertenecer a la conducción del gremio docente. "Como lo habíamos adelantado, se tomó le decisión política de derogarla, y así dejar atrás estos conflictos que hemos tenido", dijo Ruiz apenas iniciada la rueda de prensa. Explicó que en adelante, los directores no enviarán más a las autoridades los nombres y los números de DNI de quienes se realizan paros. "Sólo se informará un código. Es un trámite usual, que se hacía antes de la resolución 163, que se deroga en todos sus términos", dijo Ruiz.
