Por estos días se realiza en el ámbito de la Corte Penal Internacional, en La Haya, el juicio de Sierra Leona contra Charles Taylor -ex presidente de Liberia, país vecino-. La Corte Penal Permanente ha cedido parte de su espacio físico a fin de llevarlo a cabo.

Se puede observar a un Charles Taylor sentado detrás de la defensa cuya apariencia arrogante es opuesta a lo que se espera de un acusado, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que toman dominio público.

Frente al tribunal, integrado por tres jueces, día a día se escuchan los relatos de los testigos, algunos de ellos víctimas de las atrocidades cometidas, siendo la más común la amputación de ambas manos o de los brazos. Sus relatos, marcados por el dolor físico y el recuerdo de lo vivido, se reflejan en sus rostros cuyas expresiones, aun en los momentos más fuertes, carecen de lágrimas. Todos claman por justicia. Es como un grito que brota de lo más profundo del ser humano, al igual que la famosa obra de Munch, donde sólo hay expresión gestual; no hay lágrimas, no hay llanto.

Sierra Leona es una pequeña república de África Occidental, con 4.500.000 habitantes y una gran riqueza minera -especialmente diamantes, bauxita, hierro y oro-. Presenta el índice más bajo de desarrollo humano en el mundo, según el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las apreciaciones que se hicieron después de diez años de conflictos dejaron como saldo aproximadamente 50.000 muertos, a consecuencia de los ataques contra la población civil y asesinatos de todo tipo -muchas veces cometidos con premeditación y alevosía- y alrededor de 4.000 amputados. En cuanto a las mujeres, entre 50.000 y 64.000, dentro de la población desplazada, habrían sido víctimas de diversas formas de violencia sexual, incluidas violaciones, violaciones colectivas y situaciones asimilables a la "esclavitud sexual".

Es así que en agosto del 2000, mediante su resolución 1.315, el Consejo de Seguridad requirió al secretario general de las Naciones Unidas que negociara un acuerdo con el gobierno de Sierra Leona para crear una corte especial independiente encargada de juzgar los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras serias violaciones del Derecho Internacional Humanitario. No se incluyó el delito de genocidio.

Por el artículo 1 del Acuerdo para el Establecimiento de la Corte Especial, "es competente para juzgar a las personas que tienen la mayor responsabilidad por serias violaciones del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de Sierra Leona, cometidos en ese país desde el 30 de noviembre de 1996".

Se llegó a un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Sierra Leona y se creó este tribunal mixto. A pocas cuadras, en esta apacible ciudad también se escuchan vivencias del horror: son las causas que se siguen en el tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia. Y seguramente lejos de aquí, en el de Rwanda, cambiados los nombres, los hechos serán casi iguales.

Si bien estos dos últimos prevalecen sobre el orden jurídico nacional y el de Sierra Leona es mixto, lo que tienen en común todos ellos es su creación posterior al conflicto, lo que ha generado numerosos cuestionamientos. La interpretación más clara de su vigencia la ha brindado la Dra. Carmen Argibay al afirmar que "esta discusión se resuelve interpretando lo siguiente: el Estatuto de las Naciones Unidas en estos casos se refiere a 'un tribunal creado de acuerdo a la ley'. ¿Cuál es la ley? La carta de las Naciones Unidas; con esto se creó el tribunal ad hoc en 1993 para la ex Yugoslavia y luego el de Rwanda, Sierra Leona y Timor Oriental. Con esto se revive el concepto de jurisdicción universal, de aquí parte la primera cláusula".

Por supuesto que, para evitar estas dudas jurídicas, la existencia de la Corte Penal Permanente para este tipo de delitos que atentan contra la humanidad toda, con su carácter permanente, autonomía, complementariedad con los órdenes jurídicos domésticos y una amplia jurisdicción personal, temporal y territorial, es la esperanza de la comunidad internacional para poner límites a la barbarie.

SILVIA CONTRAFATTO (*) 

Especial para "Río Negro"

(*) Abogada. Miembro de la Asociación Americana de Juristas