La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad y giró a Diputados el proyecto oficialista de seguridad vial que declara la emergencia caminera en todo el país y contempla la creación de una agencia nacional que procura reducir los altos índices de mortalidad en las rutas.
La presidenta Cristina Fernández fundamentó el pedido de establecer una política de Estado en el objetivo de reducir 50% de la cantidad de víctimas en cinco años.
La propuesta contempla la creación de un nuevo registro de conductor de orden nacional, un Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito y la aplicación de un sistema de licencias por puntaje o "scoring". La iniciativa establece una prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a la vera de los caminos, por cuanto el alcohol es considerado como uno de los factores de mayor incidencia en los accidentes camineros.
En el último año, 8.104 personas han muerto en las rutas y caminos por accidentes de tránsito, lo que lo convierte en la cuarta causa de muertes en el país y, según las estadísticas de organizaciones sociales, casi la mitad de los fallecimientos se produjeron como consecuencia del consumo de alcohol. La iniciativa oficial propone la constitución de un Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial y de un Observatorio de Seguridad Vial. El senador Roberto Fabián Ríos afirmó que el artículo más conflictivo fue retirado del proyecto de ley a pedido de la presidenta Cristina Fernández porque, dijo, "el Gobierno quiere la aplicación inmediata de la norma y evitar discusiones que puedan afectarla".
El legislador precisó que la intención del oficialismo es mantener la imposición del 1 por ciento de los seguros automotores para financiar el sistema. Sin embargo, debido a las objeciones que habían anunciado la oposición, el texto será restablecido durante el debate que se dé en Cámara de Diputados y luego llegará al Senado para su tratamiento en revisión. Mediante este método, el gobierno espera recaudar unos 70 millones de pesos anuales, aunque son necesarios 100 millones para instalar radares, aparatos de computación y otros adelantos necesarios para hacer funcionar el sistema, porque deberá apelar a fondos del Tesoro Nacional, al menos en los primeros años.
