Las versiones sobre la renuncia de Martín Lousteau al Ministerio de Economía son "un delirio absoluto", aseguraron anoche fuentes del Palacio de Hacienda.
La posibilidad del alejamiento de Lousteau del Gobierno tomó cuerpo en los últimos días a raíz del supuesto recrudecimiento de sus diferencias con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, respecto a los métodos empleados para modificar el índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el INDEC.
Precisamente, la nueva metodología del IPC habría sido motivo de análisis en una reunión que mantuvo ayer Lousteau en Casa de Gobierno con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Al término de esa reunión, volvieron a circular las versiones sobre la renuncia del ministro, que fueron rechazadas por fuentes del Palacio de Hacienda.
La estructura del nuevo IPC se daría a conocer en el transcurso de marzo, indicaron las fuentes al término del encuentro.
En el marco de las reacciones que genera el accionar de Moreno, ayer el gobierno reivindicó la posibilidad del Estado de obtener datos de costos de las empresas, a fin de evitar que "haya excesos" en los precios. Por su parte, la oposición calificó esas operaciones -impulsadas por el polémico secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno-como "un apriete con leyes de la dictadura militar".
Durante la mañana, Fernández defendió la iniciativa del secretario de Comercio Interior basada en una ley de la última dictadura militar, consistente en reclutar economistas para analizar los costos de producción de las empresas, a fin de controlar al suba de precios.
El funcionario sostuvo que "pedirle a quien produce un bien o presta un servicio, cuáles son sus costos, me parece algo absolutamente razonable", porque "está también entre los deberes que tiene el Estado garantizar que no haya un exceso en el costo final de un producto o de un servicio que se brinda". "Nadie debe sentirse ofendido por esto. Distinto es hacer un ejercicio abusivo del Estado en busca de ese objetivo. Más allá de lo que la norma dice, el sistema social argentino no permitiría un abuso de ninguna naturaleza en ese sentido", indicó.
Por su parte, la Mesa Política de la Coalición Cívica (CC) calificó ayer como "un apriete con leyes de la dictadura militar" a la iniciativa de Moreno, supervisar los costos de producción de las empresas nacionales.
"Mientras (el ministro de Justicia y Seguridad) Aníbal Fernández manda a reprimir cartoneros, Guillermo Moreno arma grupos de apriete utilizando leyes e instrumentos de la dictadura militar para presionar a empresarios", se indicó.
A través de un comunicado de prensa, la CC señaló que "el poder kirchnerista, en vez de aceptar los reales índices de inflación que sufren los argentinos, envía a Guillermo Moreno a espiar y entrometerse en las empresas argentinas". "Primero fue el revólver arriba de la mesa en la negociación, después vino la destrucción del INDEC y ahora el espionaje mediante el uso de una Ley de la dictadura militar", se agregó.
