CENTENARIO (ACE).- El ex intendente Luis Castillo y varios de sus ex funcionarios procesados por la causa en la que se investigan el desmanejo de fondos en la municipalidad de Centenario, pidieron ser reincorporados al trabajo.
La solicitud llegó al área de Asesoría Legal de la comuna, e involucra a Luis Helvecio Castillo, Patricia Gutiérrez (ex secretaria de Gobierno), Carlos Iribarren (cuñado de Castillo y con una jefatura en el Corralón), Elvira Ascolese (ex jefa de Área en Acción Social), Samuel Bustos y Graciela Pérez.
De los que piden volver, sólo Graciela Pérez -ex secretaria privada de la intendencia- resultó sobreseída en el caso conocido como "causa Zapallito".
Los otros ex funcionarios y agentes, fueron acusados por la Fiscalía de Delitos contra la Administración pública de apropiación indebida de fondos públicos, en casos reiterados de peculado.
Cuando estalló el escándalo en Centenario por las irregularidades y los procesamientos de los funcionarios, la oposición política en el Concejo Deliberante suspendió -sin sueldo- a los funcionarios acusados en la causa.
Durante la intendencia de Adrián Cerda, varios de los procesados obtuvieron la continuidad del pago, pero no volvieron al trabajo.
"Castillo y otras personas más de las que estaban suspendidas piden la restitución al trabajo, pero se está analizando la situación. No
hay constancias de que Castillo fuese empleado de planta (podría ser contratado político que ingresó durante la gestión del ex intendente Adrián Fernández), ni siquiera se puede hallar su legajo", se indicó desde Asesoría Legal.
El ex intendente y once de sus funcionarios entre secretarios, subsecretario, directores y jefes de área fueron procesados por más de un centenar de hechos de peculado reiterado.
Castillo, Gutiérrez, Iribarren, Bustos y Ascolese, están acusados -además- de ser partícipes de una asociación ilícita porque los fiscales Pablo Vignaroli y María Célica González los hallaron responsables de formar parte de un grupo de funcionarios que desde el área de Acción Social se apropiaban de subsidios y aportes que eran gestionados por familias carenciadas de Villa Obrera y Vista Hermosa, o de fraguar facturaciones para percibir fondos gestionados como prestaciones.
Aunque hubo períodos en los que no tuvo juez, la causa permaneció abierta por la catarata de recursos que presentaban las defensas de los imputados: los jueces subrogantes rechazaron nulidades, que cese la investigación o que prescriba el proceso. A fines del año pasado, el juez Alfredo Elosu Larumbe, se hizo cargo y reanudó el trámite de elevación a juicio -requerido en el 2006- y sólo restaba la respuesta de una defensa para que el juez defina.
