VIEDMA (AV)- Varios integrantes de la Banda de la Policía de Río Negro demandaron por daños y perjuicios al Estado provincial y a la empresa Fredes Turismo. Buscan un resarcimiento por las secuelas que les provocó un grave accidente de tránsito registrado cuatro años atrás en la ruta N° 22.

El hecho que derivó en causas judiciales ocurrió la madrugada del 29 de febrero de 2004 en inmediaciones de Ingeniero Huergo. El micro transportaba al grupo desde Las Grutas hacia el paraje Colan Conhue donde debía tocar en un acto escolar. Tras un choque con un Renault 12 en el que viajaba una familia de Villa Regina, murieron dos ocupantes del auto, mientras que otros seis y 26 miembros de la banda resultaron heridos.

Algunos uniformados aún hoy padecen consecuencias físicas y psicológicas por lo cual desde 2006 están en juicio. Persiguen además un resarcimiento económico porque no se les reconoció la destrucción de instrumentos de su propiedad.

Desde entonces se sucedieron numerosas alternativas, porque Fiscalía de Estado recurrió en apelación en cuanto a la competencia tribunalicia.

La Cámara Civil de Viedma había declarado en noviembre de 2006 -frente a esa presentación oficial- la incompetencia de la Justicia provincial.

Ese tribunal argumentó en principio que las actuaciones debían remitirse a la Justicia Federal. La titular del fuero federal, Mirta Fillipuzzi, no aceptó la competencia atribuida basándose en precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia.

Al admitir el criterio de la magistrada, los jueces provinciales Fernando Laborde Loza, Juan Pablo Videla y Gustavo Azpeitía, dieron marcha atrás. El 20 de febrero, la Cámara estimó que, por no haberse corrido aún traslado a la transportista, "la incompetencia fue declarada prematuramente" y mantuvo el caso en el ámbito provincial. La causa queda en manos del juez Civil Fermín Donate, hasta que se decida si compete al fuero civil o laboral.

Al dilatarse en el tiempo este entredicho por la jurisdicción, otros cuatro expedientes estuvieron parados por dos años, mientras que son 22 expedientes -de otros tantos perjudicados- viajaron al fuero federal. El reclamo sería millonario, pero restan muchos trámites antes de llegar a una sentencia final. Los abogados de los demandantes son Tomás Rébora y Guillermo Ceballos, entre otros.

Desde el accidente, la banda no pudo actuar por mucho tiempo debido a que el Ministerio de Gobierno demoró la partida presupuestaria para adquirir y reponer parte de los instrumentos destruidos en el accidente, por unos 50.000 pesos.