Como una olla a presión que finalmente estalla, esta semana se multiplicaron los pedidos de juicio político contra los integrantes del Tribunal Superior de Justicia nombrados por el anterior gobierno, como expresión del hartazgo largamente acumulado en la sociedad por el estado de descomposición en el que se encuentra la Justicia neuquina.

Así, al pedido presentado en diciembre pasado por el gremio judicial contra los vocales Badano, Sommariva y Cía por el plus salarial que se asignaron a raíz de su participación en la Junta Electoral Provincial, se sumaron esta semana el del propio Sejun y ATEN contra el primero; el que una multisectorial vinculada con temas judiciales presentó contra Fernández, Sommariva y Badano por su accionar en el jury que destituyó al ex fiscal de Cámara Ricardo Mendaña; y el anuncio del que formalizará en breve el bloque de diputados de Alternativa Neuquina contra todos los miembros del Tribunal, incluido a su actual presidente Ricardo Kohon.

El primero de los pedidos se refiere a un escándalo no menor porque Badano está sospechado de haber impuesto, cuando se desempeñaba como titular del cuerpo, una licencia psiquiátrica al camarista Héctor Rimaro, quien votó por la aceptación del gremio docente como querellante en una de las causas por el asesinato del maestro Fuentealba. Algo que sin duda afectaba al gobernador saliente.

Por lo pronto, el propio Rimaro salió esta semana a denunciar que el dictamen médico con el que se lo quiso apartar de sus funciones "es absolutamente falso" y le pidió a Kohon, en su carácter de actual cabeza del sistema judicial neuquino, que declare "la inexistencia" de las certificaciones con las que se lo hizo a un lado. Un verdadero bochorno que salpica para todos lados y que Kohon trató de sacarse de encima rápidamente pidiendo que se investigue si su antecesor cometió un delito contra el camarista.

En la denuncia anunciada por Alternativa Neuquina, los argumentos contra el cuerpo van desde la designación de funcionarios a destajo antes de que se conformara el Consejo de la Magistratura, hasta un dictamen favorable a la conmutación de la pena al puntero del MPN Juan Antío. Un hombre que adquirió notoriedad por haber participado con los "cascos amarillos" en una golpiza a docentes en huelga -ocurrida en Huincul en el 2006- en el contexto de la zona liberada ordenada por el ex gobernador. También por la "arbitraria e ilegal" tramitación del jury con el que se eyectó a Mendaña de la Justicia.

Este último caso, en fin, fue el que llevó a la multisectorial a pedir el enjuiciamiento de los tres miembros del TSJ que tuvieron participación en el linchamiento del ex fiscal, acusándolos de haber actuado "sin independencia e imparcialidad", de "violar reiteradamente la ley aplicable al caso" y de haber ignorado que los plazos previstos para dictar sentencia se encontraban vencidos -eso con el exclusivo propósito de "apartar al enjuiciado del Poder Judicial"-, entre otras delicias.

Francamente, por mucho menos de lo que les están imputando a los miembros del cuerpo encargado de velar por la justicia en Neuquén, cualquier individuo dotado de una dosis mínima de dignidad ya habría presentado su renuncia.

Pero no parece ser el caso de estos jueces, que aceptaron el nombramiento en medio de un proceso objetado por la oposición y las fuerzas vivas, y se allanaron luego a convertirse en brazo ejecutor del poder político en su propósito de desarticular las estructuras judiciales para garantizar su propia impunidad.

Esto a pesar de que uno de ellos acaba de presentar su renuncia a la presidencia del Consejo de la Magistratura -bien que sin explicar los motivos-, dando pie a la especulación de que se trata del primer paso de una retirada definitiva del ámbito judicial disfrazada piadosamente de jubilación.

Pero la ciudadanía, que ha sido testigo del proceso de degradación de tal vez el más importante de los poderes del Estado, no debe albergar ninguna expectativa sobre un discreto paso al costado de sus protagonistas. Antes bien, debería apostar con todas sus fuerzas a la puesta en marcha del mecanismo del juicio político, pendiente de tratamiento en la Cámara desde diciembre. Sólo con una eventual sanción surgida del funcionamiento pleno de los mecanismos institucionales, es posible imaginarse una recuperación de la Justicia neuquina y de la confianza de la ciudadanía en ella.

Sin embargo, la actitud adoptada por la Cámara en diciembre, al pasar a comisión el primer pedido presentado por Sejun y no requerir un pronto despacho del mismo como aconsejaba la gravedad del tema, enciende una señal de alerta sobre la posibilidad de que este asunto trascendental para la salud de la democracia local quede en la nada.

Desde las páginas de este diario, el ex vocal y ex presidente del cuerpo Rodolfo Medrano acaba de señalar que al pasar el tema a comisión los diputados -oficialistas y de la mayoría de la oposición, con excepción de los de Alternativa- le hicieron decir a la Constitución "lo que ésta no dice" porque el procedimiento del juicio político contemplado en su artículo 266 "no confiere atribución alguna a las comisiones que habilite su previa intervención".

Aunque el debate sobre el tema es complejo, porque tampoco sería admisible que cualquier denuncia habilitara la puesta en marcha del juicio político, no se puede pasar por alto el hecho de que el pedido no ha sido tratado en todo el verano. Eso sin perder de vista que desde esta semana, lejos de tratarse de una presentación aislada, son cuatro las que se acumulan contra los mismos magistrados.

Así vistas las cosas, lo mejor que podría ocurrir para despejar cualquier duda es que en los primeros días de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias y la vuelta al trabajo legislativo, los diputados alumbraran sin más trámites un despacho de comisión que autorice la formación de las salas acusadora y juzgadora previstas en la Constitución.

Esta semana también el presidente del bloque del MPN, José Russo, atendió a los gremialistas de ATEN y Sejun que concurrieron a presentar el nuevo pedido de enjuiciamiento a Badano. Durante la charla, el legislador les pidió "perdón por el silencio de algún tiempo" sobre la denuncia original y les prometió que "vamos a hacer el esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias". De eso se trata.