La figura del ministro Julio de Vido y la administración de los fondos públicos del Ministerio de Planificación Federal centrarán en poco tiempo la polémica de las cámaras del Congreso, si progresa en Diputados la modificación del proyecto de ley de desgravación para nuevas inversiones que reabre el juego para que el funcionario santacruceño administre los incentivos para empresas.
El nombre de De Vido estará presente en el recinto de Diputados en la próxima sesión, aunque no figure en ningún proyecto en debate.
Se convertirá en el protagonista de un presunto plan oculto, que la oposición le atribuye al gobierno nacional, de transformarlo en el principal distribuidor de fondos para futuras inversiones en obras de infraestructura, con montos
que llegan a 1.200 millones de pesos por año.
El martes último, la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, que encabeza el kirchnerista Walter Agosto e integrada mayoritariamente por representantes del oficialismo, firmó un dictamen en el que figura que el Ejecutivo dispondrá cuál será "la autoridad de aplicación", o sea el organismo del Estado que se encargará de distribuir los dineros.
El tema no llamaría la atención si no hubiera ocurrido que el ministro de Economía, Martín Lousteau, visitó el 13 de febrero al Senado para asegurar que sería él el responsable de entregar los fondos y esa opinión destrabó las resistencias que ejercían los bloques de oposición de la Cámara alta para aprobar la norma.
La mención resulta significativa porque el proyecto, que distribuirá 3.600 millones de pesos en tres años, es básicamente una reiteración de una ley anterior, que venció en septiembre del año pasado, que tenía como "autoridad de aplicación" sólo al Ministerio de Economía. (DyN)
