VIEDMA (AV).- A fotografías y otras pruebas recurrirá la Defensoría del Pueblo cuando el viernes próximo cumpla en la Legislatura con su informe de gestión, con un fuerte crítica a las prestaciones de los servicios públicos de los hospitales, escuelas y policías.
Pero no será el único suceso que ocurra en el recinto legislativo la semana próxima, porque se prevé desde la creación de nuevos bloques hasta la apertura de las sesiones ordinarias el sábado 1 de marzo, a cargo del gobernador, Miguel Saiz.
Además, el interés legislativo está planteado en la revisión de los bloques y la concreción de divisiones por diferencias políticas. La sesión preparatoria del miércoles permitirá que se fracture el bloque del Frente Grande, que conduce Fabián Gatti. La diferencia del legislador con el diputado Julio Arriaga quedará plasmada, aunque todavía resta precisar qué número de miembros formarán cada bancada.
Ciertos descontentos en el oficialismo también permitieron la especulación de cambios de autoridades en el bloque de la Concertación, que preside Mario De Rege.
Pero más allá de las reuniones, existiría una razón para que todo siga igual: el gobernador habría renovado el compromiso existente con De Rege en la conducción. Saiz lo habría repetido ante legisladores y se lo habría dicho al ex vicegobernador cuando lo recibió ayer por la tarde en su despacho.
Ocurre que esa continuidad no es compartida por todos. Tres o cuatro legisladores dejaron trascender que la permanencia de De Rege podría concluir en su separación de la bancada oficialista. Anoche, esta opción parecía -para algunos- contenida.
No menos expectativas plantea la exposición verbal de la defensora del Pueblo el viernes a las 11. Sus últimos posicionamientos institucionales, con durísimas críticas a la gestión de Saiz, pronostican que su informe mantendrá la dirección.
Se supo que el organismo de control ya requirió a la Legislatura disponibilidad técnica para la proyección de fotografías que complementará la visión de la Defensoría de los edificios y servicios públicos en Salud, Ipross, Educación y policías.
Una conclusión que recientemente fue difundida pero que originó reacciones de las autoridades. Por caso, en Educación se puso en dudas que la Defensoría hubiera visitado a las residencias.
