El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Kohon, acaba de suscitar la reacción de algunos diputados -opositores y oficialistas- al señalar en una entrevista con este diario que el pedido de juicio político a tres de sus pares, aún pendiente de tratamiento legislativo, debe resolverse lo más rápido posible para "no afectar el funcionamiento del Poder Judicial".

En realidad, con su apreciación Kohon ha puesto el dedo en la llaga, porque el funcionamiento de la Justicia neuquina está en los hechos severamente afectado de antemano a raíz de que en los últimos cuatro años el Ejecutivo avanzó de tal manera sobre las estructuras de ese poder del Estado que lo sumió en un virtual estado de descomposición. A tal punto que ya no puede garantizar su indispensable cometido en el marco del sistema democrático.

Así, el hecho que motivó el pedido de investigación presentado por el gremio judicial Sejun -el plus salarial que se asignaron por su desempeño en la Junta Electoral Provincial el ex presidente del cuerpo Eduardo Badano y los vocales Jorge Sommariva y Felipe Cía- es sin duda el menor de los males imputables a esos tres funcionarios y al resto de sus pares.

Otro tanto podría decirse de una eventual demora en la tramitación del juicio, si es que el oficialismo y la oposición deciden finalmente hacer causa común en la depuración de un resorte esencial del Estado de derecho, que hoy parece reservado a preservar prerrogativas de los poderosos.

Tampoco es muy certera la apreciación del flamante titular del TSJ en el sentido de que el desprestigio de la Justicia neuquina sería imputable a un fenómeno nacional: la percepción de buena parte de la ciudadanía de la falta de independencia de la Justicia en general.

En el caso neuquino, el cuerpo que actualmente conduce el Poder Judicial tiene una bien ganada mala fama. En primer lugar, está salpicado de origen por sospechas de parcialidad, porque varios de sus miembros fueron elegidos entre allegados y amigos del partido gobernante en un proceso objetado por la oposición y el conjunto de las fuerzas vivas por su falta de transparencia.

También, porque desde sus estamentos se llevó adelante un proceso de devastación de algunas de sus estructuras más valiosas, como la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública -que investigaba los casos de corrupción que salpican al Poder Ejecutivo-, que fue desguazada y sus miembros, reemplazados por funcionarios dóciles al Ejecutivo.

Esto, para no mencionar los casos de abierta persecución a funcionarios remisos a los designios oficiales, como la ofensiva de largo aliento contra la defensora del Niño y el Adolescente, Nara Osés, y el bochornoso jury para defenestrar al ex fiscal de Cámara Ricardo Mendaña, ambos aborrecidos por el poder político por su independencia de criterios y probada eficacia profesional.

Es cierto, en cambio, lo que dijo Kohon en el sentido de que "las vinculaciones de un funcionario del Poder Judicial llegan hasta donde él lo permite". En este tribunal hay vocales que lo han permitido todo.

El origen de tanta contumacia hay que buscarlo en la ya célebre "cámara oculta" en la que el ex gobernador apareció implicado en un intento de soborno a un diputado de la oposición para que se prestara a dar quórum en la designación de una terna de candidatos al máximo estamento judicial sospechados de amistad con el gobierno.

En esa oportunidad, el entonces gobernador admitió que necesitaba un tribunal a medida para no tener que volver a trajinar los pasillos de los tribunales, como le ocurrió después de su primer período de gobierno. Poco tiempo después integrantes del cuerpo le darían la razón al absolverlo en la causa surgida de ese escándalo.

En las actuales circunstancias, en las que se acaba de hacer cargo un nuevo gobierno, bien que del mismo partido que el anterior pero animado por la promesa de producir un "cambio positivo", es de esperar que esa determinación se vea reflejada también en la búsqueda de una renovación de las estructuras judiciales.

El actual gobernador no se ha cansado de predicar su respeto por la independencia de poderes y hasta ahora ha practicado en los hechos una actitud de tolerancia hacia las restantes expresiones políticas, los gremios, la prensa y quienes no comulgan con su partido. Algo totalmente rescatable.

Empero, a pesar de los enunciados formalistas que en nuestro país frecuentemente esconden la tendencia a dejar todo como está, en este tema es necesario un gesto del más alto nivel.

Después de todo, si la cabeza del Poder Judicial neuquino continúa en manos de funcionarios cuestionados, en lugar de garantizarse la salud del sistema democrático se estaría trabajando para todo lo contrario, porque no hay democracia sin Justicia independiente.

El ex presidente Kirchner demostró que es posible encarar una renovación en este plano con el solo acto de autolimitarse en las propias funciones. El resultado es una Corte con independencia de criterios que asegura, en su instancia más calificada, la seguridad jurídica de los ciudadanos y, en suma, los intereses colectivos.

El planteo del gremio judicial, bien que insuficiente y sospechado de cierto oportunismo -se produjo en medio de una puja laboral-, podría al menos brindar la oportunidad para que no sólo los diputados de la oposición sino también los del oficialismo probaran su determinación de cambiar el actual estado de cosas. Se trata de un resorte esencial y la sociedad les quedaría agradecida.

HÉCTOR MAURIÑO

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