SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Unos 300 contribuyentes de esta ciudad y Dina Huapi adhirieron al amparo presentado por la agrupación política "Todos por Bariloche" para frenar el desmesurado aumento del impuesto Inmobiliario aplicado en la zona Andina.

También cientos de contribuyentes requirieron copias del recurso administrativo promovido por los "vecinos autoconvocados por nuestros derechos" para obligar a la Catastro y la Dirección General de Rentas a revisar el revalúo fiscal aplicado en la zona que incrementó el gravamen en más de un 1.000% promedio.

La reacción cívica que se consolidó en las últimas semanas cuenta con el acompañamiento de la CTA y la CGT que ya anticiparon la intención de adherir a las distintas medidas planteadas.

A la par el abogado y promotor del amparo, Rodolfo Rodrigo; el asesor de la Comunidad del Limay, Ruber Marigo, y el Colegio de Abogados solicitaron "pronta respuesta" a la Cámara Civil de Apelaciones.

El tribunal que debe aceptar o rechazar la medida cautelar, podría dictar una medida de no innovar y girar la presentación al Superior Tribunal de Justicia bajo la modalidad de un prohibimus.

Por otra parte, los vecinos autoconvocados ya confirmaron la realización de un nuevo encuentro, abierto a toda la sociedad para profundizar el plan de lucha contra el desmesurado incremento sobre el Inmobiliario, que tendrá lugar el próximo sábado, a partir de las 10 en el gimnasio de Bomberos Voluntarios.

"Esperamos una respuesta de la justicia antes del fin de semana y si no hay una resolución favorable podríamos tomar otras medidas sociales o políticas" anticipó la organización convocante.

A la reunión fueron invitados los actuales legisladores de la zona Andina para que fije postura frente al tema, y los anteriores representantes de la región para que explique que responsabilidad les cabe en la aprobación del "impuestazo" que pretende la provincia.

José Games, integrante de la Comunidad del Limay, recordó a una emisora local que el revalúo fiscal instrumentado por la provincia "es nulo" porque "fue realizado mediante una contratación directa con el Colegio de Agrimensores de Viedma, que ni siquiera tiene personería jurídica, cuando la ley requiere una licitación".

La semana pasada el agrimensor local Julio Posse denunció que la contratación del Colegio de Viedma para el revalúo inmobiliario fue "un globo de ensayo para otro contrato mayor, que también se cerró en forma directa con el Colegio de Viedma, para el relevamiento de las tierras fiscales". Esa segunda contratación fue frenada mediante amparo por los profesionales locales que el gobierno provincia citó a audiencia conciliatoria hoy para destrabar el contrato.