El gobierno está empeñado en remontar la pendiente del primer año, sembrada de escollos por su antecesor, sin conflictividad social. Para ello necesita desmontar las disputas instaladas durante casi una década de confrontación con prácticamente todas las expresiones de la sociedad, desde los gremios hasta las fuerzas políticas, pasando por los sectores más postergados y la prensa. En este plan quiere evitar a cualquier precio, al menos en los primeros doce meses, que la protesta gane el escenario callejero.

Dos ejemplos fueron proporcionados esta semana por el corte de ruta de los desocupados de Picún Leufú y la toma de terrenos en la calle Gatica. Dos conflictos desactivados por el gobierno antes de que se volvieran inmanejables. La clave: una actitud flexible, casi desconocida en los últimos años.

No es muy diferente lo que está ocurriendo con los gremios estatales. La estrategia de Sapag para este sector -que el sobischismo convirtió en uno de sus peores enemigos- es trabajar para la distensión, encauzando la puja de intereses hacia la negociación en lugar del enfrentamiento.

"Si se emparcha el tema económico a través de la refinanciación de Nación y logramos un primer año de gestión sin los gremios en la calle, estamos hechos. Neuquén es rica y los tres años restantes podemos hacer la plancha", razonó, exagerado, un asesor del gobernador.

Pero los hombres de Sapag saben que para que esto sea posible es necesario una gran dosis de realismo. El costo de vida se cierne como una amenaza sobre la paz social y no es posible imaginar un horizonte de concordia sin una recomposición que devuelva a los salarios el poder adquisitivo perdido.

El tema más urgente es cumplir con el compromiso salarial adquirido por la anterior gestión con los docentes. El gobierno quiere conjurar el peligro latente sobre el inicio de clases, un escenario explosivo que se repite todos los años.

Luego está el tema de la recomposición general. En el sapagismo descartan que los estatales se descolgarán con un 30%, algo que en las actuales circunstancias no se podría otorgar, pero descuentan también que el porcentaje razonable para una y otra parte surgirá del concierto.

Precisamente, el objetivo es llegar a la mesa de diálogo sin obstáculos que empañen el clima de convivencia. Por eso hay decisión de desmontar todos los conflictos surgidos de la áspera relación montada con los sindicatos. Desde la polémica resolución 163 -que obliga a los directores a denunciar a sus compañeros en huelga-, hasta los sumarios; pasando por la desigualdad que afecta a las organizaciones gremiales en la posibilidad de acceder a créditos para sus afiliados.

Esta semana hubo una señal muy clara de distensión hacia los docentes. No partió de Sapag ni de un funcionario de su gobierno, es cierto, pero la protagonista fue alguien muy cercana al gobernador: su propia hermana. Luz Sapag aprovechó el aniversario de San Martín para recibir a Sandra Rodríguez, la viuda de Carlos Fuentealba, y le expresó su compromiso con la búsqueda de justicia. Del encuentro también participó un dirigente de ATEN. No por nada la marcha programada para ese día por el gremio se llevó a cabo sin sobresaltos.

En sus intervenciones públicas los gremialistas corresponden el trato civilizado del gobierno. El lunes y el martes hubo allanamientos en ATE, en busca de fichas de afiliación presuntamente falsificadas. Es una vieja denuncia planteada por la anterior administración en el marco de la puja entablada entonces con los estatales. Los dirigentes del gremio atribuyeron lo ocurrido a "resabios del sobischismo" y uno de ellos hasta aclaró que desde ese sector "buscan poner piedras en el camino ante un proceso dialoguista como el que promueve la nueva gestión".

Pero, más allá de los esfuerzos tangibles para desmontar el clima confrontativo, provocador y compadrito montado durante años, ¿quiere realmente Sapag cambiar el rumbo en la provincia, o se trata de un estilo diferente, sí, pero que tiene mucho de lo conocido en aspectos de fondo?

No son pocos los que, sin dejar de advertir ciertos cambios positivos, cuestionan la falta de decisión para promover una depuración en la Justicia -indispensable para combatir la impunidad- o en el banco provincia, saqueado por administraciones precedentes y que sigue en manos de la misma gente.

Esta semana fue puesto sobre el tapete otro de los temas cruciales para que esta administración muestre su disposición al cambio: la distribución de los ingresos a los municipios.

Sapag viene diciendo que modificará el actual esquema de coparticipación, y esta semana fue más lejos al advertir que quienes reclaman más fondos deberán optimizar la recaudación en sus propias comunas.

Pero los intendentes de la Concertación, que expresan a los municipios más grandes de la provincia, crearon el viernes un hecho político al juntarse para reclamar un aumento del 100% de la masa coparticipable. Quieren, también, que se cree una comisión fiscalizadora de esos recursos.

En realidad, como reflexionó un dirigente de la oposición, lo que está en juego con la nueva ley de Coparticipación no es ni siquiera cuánto va a recibir cada comuna, sino la continuidad o no de un modelo de clientelismo montado por el MPN que llegó al paroxismo en la anterior gestión. Remedando los tristemente célebres ATN del menemismo, Sobisch mantuvo un esquema que retacea los recursos "por derecha" para entregarlos por debajo de la mesa. Todo a cambio de acompañar al gobierno provincial en cualquier aventura.

A pesar de las buenas intenciones, si la actual gestión mantiene ese estado de cosas, más que "federalismo hacia el interior" lo que seguiría garantizando es el hegemonismo de una fuerza política que, ya se ha visto, puede convertirse en una herramienta eficaz para canalizar cualquier ambición personal si se presenta la circunstancia.

HÉCTOR MAURIÑO

vasco@rionegro.com.ar