Los habitantes de la calle no son otros que todos los excluidos del contrato social argentino, aquellos que en "tal jerarquía y rango" continúan siendo el mayor desafío -la deuda mayor- para toda gestión social institucional porque, no se dude, no estamos de caras a un desafío irresoluto sino, en realidad, ante una recurrente y crónica indiferencia colectiva, ante una ausencia de voluntad política de resolución, tan reprochables como peligrosas e inadmisibles.

Son esos limpiavidrios, cartoneros, cirujas y vagabundos presos del frío, del hambre, del desprecio y de la rabia que les produce su expulsión o carencia de lo que debieran ser sus acogedores y satisfactorios domicilios -al menos, albergues inmediatos- dignos y habituales.

Lo cierto es que hemos aprendido a convivir con esta realidad, nos hemos acostumbrado (inhumana, omitiva y riesgosamente) a ella y eso mismo favorece y facilita olvidar, ignorar o desdeñar las causas más profundas de estos limpiavidrios humanos y vecinos de todas las intemperies.

Claramente, la violencia familiar, la deserción escolar, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la desocupación con sus índices propios de pobreza, carencia e indigencia, explican y predicen esta presencia como su incremento.

Elementales deberes de solidaridad social nos obligan entonces a buscarles alternativas inclusivas, asumiendo el compromiso y comprometiendo a las distintas entidades, tanto del orden local, regional, federal y nacional. Se trata de encontrarles con premura los alimentos y servicios básicos para su salud, aseo, alimentación, inclusión e integración para alcanzar la más plena cohesión social posible.

Por su parte, el Estado debe asumir toda su responsabilidad haciendo todo los posible por individualizarlos, promoverlos, reconociéndolos interlocutores válidos y legítimos acreedores a sus derechos y garantías constitucionales efectivas para revertir con gradualismo y eficacia -hospitalidad y cercanía- las causas relacionadas y relacionables.

Con esa perspectiva, se presenta allí -como en otras geografías o contextos- toda una oportunidad con impactos de macroinflujo para los habitantes de la calle, menesterosos, harapientos, despojados, descalzos, burlados, humillados, adictos, generalmente sin domicilio ni contención alguna.

En efecto y verbigracia, los jóvenes, los chicos de la calle, los más vulnerables, pueden ser reubicados, orientados, organizados y acompañados por el municipio y las ongs apropiadas para plasmar, por ejemplo, microempresas o cooperativas de trabajo, funcionales y con capacidad de resolver satisfactoriamente la problemática planteada.

En esa perspectiva, en un cabal marco de corresponsabilidad social, la capacitación y calificación empresaria y sindical -como el microcrédito para microproyectos y el crédito cooperativo, mancomunados mediante proyectos específicos y viables con educación productiva-, información y capacitación tecnológica construirán la clave de resolución y la llave de la cultura de la satisfacción para los habitantes de la calle, redefiniendo y resignificando el crédito si de veras queremos ir con Yunus hacia un mundo sin pobreza, un premio Nobel para el cual el crédito es un derecho humano y la garantía, una esclavitud.

Estas cooperativas, las micro o pequeñas empresas que se organicen al efecto, o las sociedades de economía mixta podrían asumir, por ejemplo, el tratamiento, reciclado y eventual enterramiento de basura y desechos en general, de plásticos, vidrios, latas, etc. en particular, mereciendo en tal caso la mayor simplificación administrativa tanto como un tratamiento de discriminación positiva en materia de impuestos, tasas, contribuciones y servicios.

Los impactos serían múltiples, diversos y positivos tanto desde la perspectiva sociológica, familiar, productiva, laboral, cultural, paisajista, ecológica, municipal como para la paz social, con un concreto aporte al incremento del capital social.

Desde esa mirada y con renovada

actitud productiva, cada pueblo, cada ciudad de nuestro país tendría una estrategia a seguir o imitar y bien podría transformar sus aspectos críticos en oportunidades similares, impulsando la organización de los habitantes en sus calles -"cirujas, cartoneros, desocupados, carecientes, etcéteras"- mediante microempresas periféricas y satelitales a cada centro vecinal y/o de participación ciudadana (CPC), a cada centro de integración comunitaria existentes y/o a crearse en el municipio de su ciudad capital, con una organización estratégica de logística, plantas de tratamientos, clasificación, reciclados -agregando valor local-, tecnificación, industrialización y comercialización a partir de microescalas, usufructuando proactivamente los beneficios que implican "el compre local y/o provincial" -verbigracia: en Córdoba, su adhesión mediante ley Nº 9.365 a la ley nacional de Promoción del Microcrédito Nº 26.117-, ya que de todo esto se trata cuando se habla de economía solidaria desde el pie, desde el individuo y la persona como derecho humano, del asociativismo local y regional, de una economía amiga del hombre, de la tecnología y el medio ambiente impregnando de verde a la economía y, también, como una herramienta social y de una educación productiva entre otras buenas maneras de responder favorablemente tanto a fuertes demandas de legiones de jóvenes desocupados, al empleo joven o el primer empleo.

Por su parte, las anomalías, alteraciones y riesgos en el desempeño de cartoneros y cirujas transportados en carros tracción a sangre, conducidos muchas veces por niños, pequeños o jóvenes muy jóvenes -sin patente, licencia, edad, capacidad, responsabilidad personal, patrimonial ni seguro, sin habilitación municipal u otra-, con ninguna conciencia ni posibilidad de responsabilidad tanto en circulación como en su cometido con las dificultades y peligros que eso mismo supone, merecerían que las empresas acrediten más responsabilidad social y sean incentivadas para involucrarse en acciones y programas concretos, duraderos, ciudadanizando todo lo posible a cada uno de estos habitantes, vinculando personas con oportunidades -logrando aportes sensibles de fabricantes de motocargas, ciclomotores y utilitarios básicos- mancomunadas con el Estado, ongs, escuelas y establecimientos educativos, industriales y tecnológicos a los fines de modernizar, organizar y promover integralmente el sector de los actores relacionados con desechos mediante centros estratégicos de transferencias en cada barrio, en cada partido, estimulando, simplificando y facilitando su acceso paulatino a nuevas formas de modernización, motorización, vehiculación y transporte de tal forma que regularicen su situación con máxima simplificación administrativa, haciéndola más eficiente, más prolija, más productiva y mejor vista (por ejemplo, inicialmente provisorias, leasing, articulando la función y responsabilidad de los bancos y centros financieros de la ciudad, de la provincia y de la Nación en la inclusión social).

Finalmente, a través de metodologías socioeconómicas inclusivas, alcanzar el mejor desarrollo humano posible a la luz de los artículos 14, 14 bis, 75 inc. 19 y cc. de nuestra Constitución nacional, único desarrollo proactivo que nos situará mejor en las antípodas de la peligrosidad (porque, no se dude, nadie es más peligroso que quien ha llegado a creer que no tiene nada que perder, nada que anhelar), violencia e inseguridad postergantes y afligentes que también se "nutren" precisa y no casualmente de niños, jóvenes y mayores marginales e indigentes privados injustamente de todo proyecto de vida, de todo motivo para vivir y convivir. Puntual y prioritariamente, esas personas que esta propuesta espera incorporar o reincorporar con autonomía y dignidad al sistema social, a la paz familiar, escolar, laboral, económico y cultural, sistemas que actualmente los tienen marginados, en los hechos y la cotidianeidad, de toda posibilidad, de toda oportunidad, lo que debe ser revertido no legislando o reglamentando las injusticias sino sumando todos nuestros esfuerzos y conocimientos para abolirlas, promoviendo todo lo posible simultánea e integralmente a los habitantes de la calle mediante políticas sociales estratégicas y modernas que desactiven y desalienten toda violencia e inseguridad.

ROBERTO F. BERTOSSI (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba