El mayor desafío que existe en la provincia de Río Negro, y posiblemente en muchos otros lugares del resto del país, en lo que se denomina comúnmente la problemática o "el área social", radica en solucionar la grave situación que se relacionan con los recursos humanos que trabajan en esta "área".

Posiblemente contemos con una legislación, de carácter general, tanto a nivel nacional como provincial, que resulte muy positiva y progresista en temáticas relacionadas con los derechos del niño, del adolescente y de la familia, la prevención de la violencia familiar, la salud mental, la discapacidad y varias otras que expresan la obligación del Estado por garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de esta tierra.

Pero la dificultad mayor para que realmente se cumplan estas leyes -al observar el funcionamiento de las reparticiones, instituciones y grupos, gubernamentales o no, que atienden las diversas problemáticas sociales- es que la inmensa mayoría no puede resolver la cuestión del sostenimiento de los recursos humanos que trabajan en ellas.

Obviamente estamos hablando de aquellos que están fuera del sistema educativo formal, del de salud o del Poder Judicial.

Centros infantiles, hogares de ancianos, centros juveniles, instituciones que trabajan con menores en conflicto con la ley, con niños en situación de calle, con jóvenes; espacios para personas con discapacidad, etc., etc., etc., existen hoy a lo largo y a lo ancho de la provincia sin saber cómo hacer para resolver el tema de los Recursos Humanos.

Esforzados voluntarios, personas becadas, subsidios por desempleo, "adscripciones", los llamados contratos "basura", "honorarios" de proyectos puntuales que empiezan y terminan, y todo tipo de formas de precarización laboral, son algunas de las opciones que les quedan a las instituciones u organizaciones sociales para mantener día a día, mes a mes y año tras año, en las más perseverantes, los servicios que brindan a los que necesitan de estos ámbitos en forma indispensable para intentar ser personas, seudo-amparados por leyes que, en estas condiciones, son sólo expresiones de deseos.

Esta situación, salvando y honrando la voluntad y el sacrificio que ponen muchos de los que trabajan en estos ámbitos, genera servicios de baja calidad, falta de idoneidad y de todo tipo de supervisión del personal, continua deserción de trabajadores, profesionales y técnicos hacia áreas de empleo más estables y mejor remuneradas, suspensión y hasta cierre de instituciones y/o subutilización de espacios y equipamientos, desaprovechamiento de múltiples recursos que se consiguen de distintos planes sociales, sólo por nombrar algunos de los efectos inmediatos que suceden en estas instituciones por no tener garantizado el personal.

La consecuencia al corto y mediano plazos de toda esta situación es que los más pobres y los que más sufren, sean niños, jóvenes, discapacitados o adultos mayores, son los que tienen las peores oportunidades sociales, por lo que la injusticia social se consolida, aumenta la brecha entre los que más y los que menos tienen, y se genera más exclusión social, con el correlato de todas las viejas y nuevas problemáticas que esto trae consigo.

¿Es un problema "económico"?

Observando lo que se gasta en otras áreas y/o planes del Estado, y específicamente en sueldos o simplemente analizando el superávit fiscal que tiene hoy el país o el movimiento económico que existe en distintas zonas de nuestra provincia, me animo a decir, a gritar, un rotundo no, no es un problema económico.

No es un problema económico, sino político y debe ser resuelto por toda la sociedad, pero particularmente por los "políticos", a los cuales el pueblo les concede temporariamente el poder de administrar el Estado para que exista cada vez más una democracia "real" y no solamente una cuestión electoral que se reactiva cada tanto.

Así como en una escuela existe una cantidad de docentes cada tantos alumnos, personal directivo, de servicios generales; o un hospital de determinada complejidad supone tal o cual especialista; o un juzgado debe tener una planta de personal estipulada, todos "en blanco" con la formación y/o preparación específica para el rol que desempeñan -y todo ello es así porque existen leyes y normas que lo regulan-, así debería suceder con los hogares de ancianos, centros infantiles, instituciones que trabajan con discapacitados, con niños en situación de calle y todas las variantes que existen, para que cuenten con las condiciones para garantizar un buen servicio a las personas que atienden, sean éstas instituciones gubernamentales o de gestión social y/o comunitaria.

Para esto es indispensable que los actuales legisladores, el Poder Ejecutivo en sus distintos estamentos, las organizaciones de la sociedad civil y por qué no también los representantes del "poder económico", generemos los espacios de análisis de esta problemática, a fin de gestar la legislación y el respaldo jurídico que garanticen y respalden el mejoramiento indispensable que debe haber en este sentido, a la vez que se busquen los recursos económicos para sostenerlo en el tiempo.

Si hemos podido en Río Negro, y bienvenido sea, generar un impuesto para subsidiar el fútbol federado o el equipamiento de los Bomberos, ¿cuán igual de importante es ocuparse de nuestros ancianos más desvalidos, de los más pequeños entre los más pobres, de nuestras personas con discapacidad y de todos aquellos que sufren y están en desigualdad de condiciones sociales?

Seguramente que muchos, desde el rol y función que ocupamos, tenemos algún nivel mayor o menor de responsabilidad, pero lo común a todos los involucrados es que tenemos que encontrar urgentemente los caminos y construir las respuestas concretas que lleven a dar una solución a este difícil tema, que limita, condiciona y desdibuja nuestro estilo de vida democrático.

JORGE LUIS VALLAZZA Licenciado. Coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Río Negro.