Pese a sus más de cuatro años de gestión, el gobierno de Miguel Saiz sigue mostrándose incapaz de prever soluciones a problemas anunciados.

Le ha tocado gobernar en un tiempo de relativa bonanza, si se lo compara con los caóticos años de pago con bonos y movilizaciones diarias que debió vivir su antecesor Pablo Verani. Con el país ascendiendo desde los infiernos de la pos-devaluación, los recursos de la provincia han sido estrechos pero no insuficientes y recién ahora parecen amesetarse.

Pero existe un problema de asignación del gasto. Se priorizan decisiones por motivos políticos y se descuidan sectores críticos. En los cargos se privilegia la amistad por sobre la formación académica. Y como método, se elige el "dejar pasar", no por credo liberal sino por falta de brújula.

Sorprendido por la realidad como si cada cosa fuera producto de un viento súbito, el gobierno provincial reacciona cuando los problemas ya llegan a su punto de hervor.

Hace un mes, encontró al gobierno desprevenido el conflicto con los trabajadores rurales, que paralizó la estratégica Ruta 22 y causó perjuicios millonarios a la producción de la pera y al turismo cordillerano. Un conflicto de un sector local y relativamente pequeño llegó, por imprevisión o lavado de manos, a afectar a la mayor parte de la población de la provincia y a un número considerable de foráneos. Y terminó resuelto por funcionarios nacionales.

Ahora, es la crisis energética la que sorprende a la gestión Saiz, como si no fuera la anunciadísima consecuencia de una larga serie de acciones y omisiones. Y, si bien la mayoría de los resortes de solución definitiva en materia de generación caen bajo la órbita de autoridades nacionales, el equipo gubernamental rionegrino no ha dado muestras de un trabajo eficaz para atenuar la crisis o minimizar sus efectos en aquellos aspectos que sí están en su jurisdicción.

Recién esta semana se reunieron ministros, secretarios y autoridades del EPRE para analizar la situación general y sus aristas más críticas, y resolvieron licitar la compra de un transformador para mejorar la interconexión de Bariloche. Otra inversión, que permitiría mejorar la eficiencia de la interconexión valletana, recién está siendo evaluada.

En materia de costos, no significan erogaciones prohibitivas. Y en ambos casos su necesidad está certificada desde hace tiempo. El punto es ¿por qué no se implementaron mucho antes? Recién el mismo día en que Miguel Pichetto analizaba la cuestión con el secretario de Energía nacional, Daniel Cameron, se anunció en Viedma la solución reclamada por la CEB.

Es que si el dinero se utiliza para ciertos gastos, no estará disponible para otros.

Durante el 2007, la prioridad del gobierno fue ganar las elecciones y para eso destinó sumas asombrosas a publicidad oficial marcadamente proselitista, subsidios, contratos de personal temporario, asistencia directa con dinero o bienes y pequeñas obras "inaugurables" en la campaña. En cambio, poco se hizo para mejorar la situación de servicios clave como salud, educación y seguridad vial y personal.

Allí donde uno mire, el Estado rionegrino muestra necesidades insatisfechas y falta de modernización.

Como anécdota de la referida baja calidad de gestión, puede citarse la compra del costoso Audi A6 para uso del gobernador, que provocó la indignación de numerosos rionegrinos al ser difundida por este diario.

En sus comentarios, los lectores aluden a hospitales desabastecidos, ambulancias antiguas y escasas en perjuicio de pacientes graves, rutas provinciales ruinosas o intransitables, docentes y médicos hospitalarios disconformes con su salario, escuelas deterioradas.

Es probable que ninguno de esos graves problemas de infraestructura que padece la provincia pudiera ser solucionado con los 230.000 pesos que gastó la aseguradora Horizonte en el sofisticado Audi, que se suma a la Toyota Hilux y al Peugeot 407 que ya estaban asignados al uso exclusivo del mandatario.

Pero el malestar resulta justificado, porque se basa en que ningún gobernante republicano debe servirse del dinero del Estado en provecho propio, y que el lógico bienestar que debe asegurársele a quien gobierna no puede ser sustituido por un lujo sin correspondencia con la situación general de la provincia.

En términos presupuestarios, Río Negro no es un emirato árabe. Saiz "gerencia" un Estado patagónico con carencias y cuyos gastos son soportados, en gran medida, por el esfuerzo de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Merece un buen auto moderno. ¿Pero... tres?

Y el tema tiene un costado más controversial: ¿por qué el auto para el gobernador no es comprado por la Gobernación en lugar de la aseguradora estatal Horizonte?

No resulta lógico suponer que la administración central no cuente con recursos suficientes para hacerlo, y eso implicaría además ratificar la irrazonabilidad del gasto. Por lo tanto, sólo cabe suponer que es para mantener los detalles de la compra fuera del alcance de las miradas públicas, algo también visto cuando Horizonte pagaba la cuenta de teléfonos celulares a varios legisladores, entre ellos el hoy vicegobernador Bautista Mendioroz.

El objeto social de Horizonte determina que su capital sea la garantía para que sus asegurados perciban a tiempo sus seguros. La confusión de roles muestra una indeseada falta de transparencia en las cuentas públicas. Aunque no es la única decisión polémica.

Esta semana, el gobernador Saiz recibió a un grupo de empresarios de Las Grutas y de Bariloche que le pidieron atemperar el incremento del Inmobiliario, que los afecta en forma particular.

En gran medida, el notable incremento del gravamen en esas zonas deriva de sincerar el valor real de las propiedades en áreas muy cotizadas de la provincia por el auge de la actividad turística. Tiene razón el gobierno en buscar que los beneficios de la explosiva valorización de esos inmuebles se orienten en parte a las arcas públicas. Corresponde por razones de equidad, y para evitar que el peso impositivo sea relativamente mayor en sectores no tan favorecidos.

Pero hay dos aspectos a considerar:

" Primero, que la autoridad moral del Estado de incrementar en más de un 100% el gravamen se debilita si el jefe del gobierno muestra una escasa razonabilidad al asignar dineros públicos en rubros que lo benefician en su propia calidad de vida.

" Segundo, que la predisposición mostrada por el gobernador para reconsiderar el aumento quedó fuertemente sospechada de electoralismo, en virtud de la cercanía de la elección de intendente en Bariloche.

Ni usar los dineros del Estado en beneficio personal, ni limitar los perjuicios de la tributación por conveniencia partidaria. Ésos deberían ser los límites.

Pero la cuestión en Bariloche resulta ahora crucial para el gobierno.

Los tiempos se acortan y la Concertación no sólo no ha definido su candidato, sino que además tiene en puerta un conflicto con la intervención del radicalismo respecto de cómo realizar las internas. Allí está ahora la atención gubernamental.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar