BUENOS AIRES (DyN) - El gobierno reconoció la polémica que desató el proyecto de la ley del nombre impulsado por el Ejecutivo, que establece la obligatoriedad de sumar el apellido de la madre al del padre, pero insistió en reivindicar la iniciativa oficial, al asegurar que busca "mejorar la situación y la calidad de las personas".

Aunque en tono conciliador, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, salió a enfrentar la postura de dos ex legisladoras kirchneristas Nora César y Ana Monayer, quienes tiempo atrás presentaron a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que "obliga a inscribir a los niños solo con el apellido de la madre".

"La historia en Occidente es que todos llevemos el apellido del padre y lo que nosotros agregamos, en este caso, es el de la madre", respondió Fernández.

Y explicó que, de aprobarse esta legislación, todos los padres que quieran ponerle los dos apellidos a los hijos que nacieron antes de esta norma -para que los datos filiatorios sean iguales a los hermanitos que nacen con posterioridad- podrán hacerlo. A quien "le toca gobernar" le corresponde "abrir los canales y facilitar" este trámite, señaló el funcionario.