Sapag atraviesa su segundo mes de gobierno sorteando los incontables obstáculos que le dejó su antecesor, un verdadero terreno minado que no termina de dar sorpresas. Deudas de todo tipo; créditos poco menos que regalados a socios y amigos del poder; descalabros administrativos a granel; proveedores y contratistas cebados en un estilo dispendioso a más no dar; empleados que surgen debajo de las piedras y gremios implacables, forjados en un clima político donde reinaban las relaciones de fuerza y la impunidad.

Emparchado el grave problema del agua, la herencia más notoria en medio del verano, el gobernador y su equipo se desvelan ahora por encauzar el manicomio de las cuentas públicas. "Se debe casi un presupuesto, mil millones de dólares. La deuda flotante, que en un principio se estimaba en 266 millones, resultó ser de más de 300. A los proveedores no se les paga desde agosto pasado. Hay de todo: desde el quiosco al que se le deben 150 pesos, hasta la empresa de seguridad a la que se le adeudan 14 millones", confía amargamente una fuente muy cercana al gobernador.

Y para demostrar que habla en serio hace números gruesos, a lo almacenero. "La provincia embolsa mensualmente unos 240 millones de pesos, de los cuales 170 se los lleva la masa salarial de los empleados públicos, engrosada irresponsablemente por el gobernador saliente en los últimos meses. De los 70 restantes, unos 35 son servicios de la deuda. Quedan aproximadamente otros 35 para cubrir todos los gastos del Estado: educación, salud, seguridad y funcionamiento del gobierno. Sencillamente, en estas condiciones es muy difícil caminar y la situación es muy delicada porque tampoco se puede cortar la cadena de pagos", desliza la fuente.

Esta semana el sapagismo tuvo al menos algo para celebrar: retendrá las regalías que iba a perder a raíz de una medida dictada por Nación para garantizar el abastecimiento de combustibles. Son unos 120 millones que de otra forma se habrían ido irremediablemente de las arcas provinciales.

De todas maneras sabe que con eso no alcanza, por eso ha ideado una batería de medidas destinadas a remontar la parte más aguda de la crisis. En primer lugar, presentó al gobierno nacional un pedido de refinanciación de los servicios de la deuda pública que este año serán de 360 millones. "Pero no se trata de librarse de pagar sino de patear la pelota hacia delante, de un 'pedal' para tener un respiro", desliza la fuente.

El mecanismo está a disposición de las provincias todos los años, sólo que el anterior gobierno, en su delirio presidencial, no aceptaba planes nacionales, competía con ellos. El resultado es que durante los últimos años Neuquén no pudo financiar pasivos ni proyectos productivos; tampoco tuvo acceso a viviendas, ni a planes de reconversión laboral. Un verdadero desastre.

Volviendo al presente, siempre para sofocar el incendio de corto plazo, el gobierno aspira también a conseguir algún adelanto de regalías por parte de las empresas del ramo que operan en la provincia.

Y como de todas maneras eso no alcanzará, descarta que tendrá que apelar a los bonos emitidos por su antecesor para sufragar obra pública superflua. Lo hará por ley, porque aunque luego reintegre los fondos a sus asignaciones específicas, sabe que necesitará disponer de esos recursos durante más de un ejercicio. Si hiciera falta, además, podría llegar a emitir, siempre con acuerdo legislativo, algún tipo de título público.

Mientras tanto, ni hablar de señalar con nombre y apellido a los culpables de tamañas calamidades. El gobierno de Sapag no quiere verse envuelto en ese trámite, ni siquiera cuando se le advierte que el silencio y la falta de señales claras de cambio en aspectos clave, como la Justicia o el Banco de la Provincia del Neuquén, pueden ser tenidos por complicidad, pacto de silencio o más de lo mismo.

Después de todo, como acaba de señalar en este diario una notoria figura de la oposición con silla en el gobierno de la capital, "lo menos que se espera de este gobierno es que impulse un cambio en la Justicia, porque ésa sería una señal clara de que hay disposición para investigar la corrupción".

Pero ésa no es la lectura del gobierno. "El gobernador describe el cuadro heredado y mira hacia delante, todo el mundo sabe quién o quiénes son los responsables...", explica un íntimo de Sapag.

Lo que sí hará el gobierno, muy probablemente de la mano de su ministra de Hacienda, Esther Ruiz, es brindar a la población un diagnóstico ajustado de la situación heredada. Será en la primera quincena de febrero. Luego, el uno de marzo, Sapag dará un panorama similar sobre el estado de la provincia, al inaugurar el período ordinario de sesiones. Eso será todo.

"Lo peor del cuadro descrito -revela la fuente- es que no todo el mundo confía". Está claro: es tal el dispendio anterior y la fama de provincia petrolera y rica, que muchos tornan a interpretar que las autoridades recién asumidas exageran las dificultades para tener las manos más libres. Un clásico en la política argentina que, empero, ha sido desmentido en los hechos por la ostensible actitud irresponsable y manirrota de los que se fueron.

En ese estado de cosas, el gobierno avizora que hay por delante entre un año y medio y dos de fuerte austeridad. Pero ésta, aclaran enseguida sus hombres, no vendrá de la mano de un gran ajuste sino, por el contrario, de un aumento en los ingresos. Fundamentalmente, a través de la recaudación de impuestos, y el cobro de viviendas otorgadas por el Estado y, especialmente, de los generosos créditos del Iadep.

Los funcionarios de la actual administración que se asomaron a las cuentas de este organismo -que en buena medida sirvió para financiar a los amigos del poder- aseguran que es una suerte de agujero negro donde reinó la más absoluta discrecionalidad. En el gobierno actual es un secreto a voces que, antes de irse, la administración saliente entregó nuevos créditos millonarios a conocidas figuras del oficialismo, entre ellas a un empresario con bodega en El Chañar y a un ex directivo de una petrolera ahora dedicado a la piscicultura. Ése habría sido el motivo de la abrupta salida del gobierno de un funcionario que había sobrevivido a la anterior gestión.

En todo caso, aclaran en las filas del sapagismo, no hay voluntad de concretar los desembolsos de fondos correspondientes a semejantes despojos al tesoro provincial.

Volviendo a los números que desvelan a Sapag, sus colaboradores no se engañan: saben que las medidas enunciadas más arriba son meros paliativos, enderezados a equilibrar mínimamente las descalabradas cuentas públicas.

Para crecer y dejar atrás el pasado, confían, no hay otra alternativa que recurrir una vez más a la principal riqueza de la provincia: el petróleo. ¿Cómo? "A través de una renegociación integral de las concesiones", aclaran. Y agregan: no se trata simplemente de prorrogar los contratos sino de algo más complejo, que incluye revisar los yacimientos, recalcular las inversiones en explotación y exploración, y revisar las regalías. Con ese último propósito ya comenzó una ronda de encuentros preliminares entre el gobierno y las empresas, aunque se descuenta que la mesa de negociaciones comenzará cuando haya pasado la primera mitad del año.