El juez Norberto Oyarbide declaró ayer su incompetencia y remitió a la Corte Suprema el expediente para que investigue a los 15 diplomáticos extranjeros y al grupo de funcionarios de la Cancillería sospechados por la importación de lujosos autos con franquicias impositivas.
Oyarbide aseveró que no se puede descartar que los embajadores involucrados en el caso se "conviertan en partícipes de las maniobras que se investigan", según consta en la resolución que le remitió al máximo tribunal.
La decisión fue tomada luego de que la Cancillería oficializara que siete de los 15 diplomáticos involucrados aún permanecen en funciones. Según trascendió en fuentes judiciales, ellos son Francisco Bustillo Bonasso (Uruguay), Luis Mayra (Chile), Shuri Korchagin (Rusia), Ishtiaq Andraht (Pakistán), Larbi Refouh (Marruecos), Miryam Torres Segovia (Paraguay) y Aramis Fuente Hernández (Cuba).
En su resolución, además, el juez recalcó que de los 98 casos analizados sobre el total de los permisos dados entre 2004-2007 "en prácticamente todos (78) aparecen vinculados funcionarios de Estados extranjeros con representación en nuestro país".
Los diplomáticos extranjeros gozan de inmunidad por la Convención de Viena y en consecuencia la Corte está obligada a pedir permiso para someterlos a proceso penal a sus países de origen o, en su defecto, cada uno de ellos debe juzgarlo ese investigan.
Tal vez previendo que el escándalo pueda agravarse y como reacción al malestar que la difusión del caso provocó entre los diplomáticos de los países que aparecen mencionados en la denuncia, el Gobierno ensayó un gesto de distensión. Por medio de un documento, el canciller Taiana ratificó a las representaciones diplomáticas acreditadas en el país que está garantizada la inmunidad de los funcionarios extranjeros.
