WASHINGTON (DPA).- El miembro de la guerrilla de las FARC "Simón Trinidad" fue condenado ayer por un juez de Washington a 60 años de cárcel por su implicación en el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Según la ley estadounidense, "Simón Trinidad", cuyo verdadero nombre es Ricardo Palmera Pineda, podría haber sido condenado a cadena perpetua.
Sin embargo, la fiscalía solicitó 60 años para cumplir el acuerdo con Colombia por el que fue extraditado, en el que se excluía la prisión de por vida y la pena de muerte.
En cualquier caso, según destacó la defensa en su alegato, la condena a 60 años de cárcel equivale prácticamente a una cadena perpetua para Trinidad, que tiene 57 años.
El juez Royce Lamberth aseguró que la toma de rehenes es un acto de terrorismo "abyecto, bárbaro y contra de todos los países civilizados".
El gobierno, a través de un comunicado del Departamento de Justicia, aseguró seguir "comprometido con el seguro regreso de todos los rehenes, incluidos los tres estadounidenses retenidos en Colombia. Consideramos a los secuestradores responsables de los rehenes".
En su alegato, la defensa de Palmera Pineda aseguró que una condena a 60 años sería "potencialmente contraproducente" por "el efecto de la sentencia impuesta al señor Trinidad en la situación de los tres estadounidenses todavía en custodia de las FARC".
"Trinidad" se convierte así en el segundo jerarca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) condenado en Estados Unidos.
La primera fue Anayibe Rojas, alias "Sonia", que cumple condena en Texas por narcotráfico.
Palmera Pineda, que fue extraditado el 31 de diciembre de 2004, tiene además pendientes varios cargos por narcotráfico. Sus juicios al respecto fueron declarados hasta ahora nulos. Su caso y el de "Sonia" adquirieron especial relevancia en el marco de las negociaciones para un "canje humanitario" entre el gobierno colombiano y las FARC.
La guerrilla exigió que ambos se encontrasen entre los aproximadamente 500 presos cuya liberación solicitaba.
Las negociaciones para el "canje humanitario" se rompieron oficialmente el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Álvaro Uribe dio por terminada la mediación que había encargado a la senadora colombiana Piedad Córdoba e indirectamente al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
"Espías"
Entre la cincuentena de rehenes que debían ser liberados en el canje se encontraban Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos que son acusados por los insurgentes de ser "espías".
Los tres se encuentran retenidos por las FARC desde febrero de 2003, cuando su avión se estrelló en plena selva colombiana.
