Si los mandatarios de otros países comparten la teoría reivindicada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner conforme a la cual en todas partes, incluyendo a Estados Unidos, la Justicia es manipulada por el gobierno local que la emplea para enviar mensajes mafiosos a políticos considerados como hostiles, por lo menos catorce tendrán motivos de sobra para creerse blancos de una "campaña basura" argentina destinada a desprestigiarlos. Según la Justicia federal, funcionarios de las embajadas de Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Congo, Marruecos, Nigeria, Armenia, Pakistán, Bielorrusia y Rusia habrán aprovechado su condición de diplomáticos para importar autos lujosos libres de impuestos para después venderlos en el mercado argentino. Por lo demás, entre los vehículos así comercializados estarán autos deportivos y camionetas todoterreno, aunque según la legislación imperante no deberían disfrutar de las ventajas supuestas por el régimen de franquicias diplomáticas. Como es natural, la investigación a cargo de los jueces Norberto Oyarbide y Marcelo Aguinsky que se ha puesto en marcha ha sembrado alarma en las cancillerías de los países afectados. Aun cuando ningún embajador sea acusado formalmente de participar del negocio -y, de todos modos, merced a la inmunidad diplomática ninguno se verá obligado a rendir cuentas ante la Justicia-, el clima de sospecha que se ha generado no puede sino incidir en nuestra relación con un conjunto ecléctico de países, entre ellos algunos "hermanos" latinoamericanos.

Lo mismo que las autoridades estadounidenses, cuando un fiscal del Estado de Florida aseveró que según un testigo los casi 800.000 dólares contenidos en la valija que llevaba Guido Antonini eran un aporte presuntamente venezolano a la campaña proselitista de Cristina, nuestro gobierno insiste en que no tiene nada que ver con el escándalo, ya que según los voceros oficiales la Justicia argentina es independiente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el que la investigación se haya emprendido como consecuencia de la auditoría que se hizo en la Cancillería el año pasado y que el canciller Jorge Taiana fuera responsable de la denuncia original significan que en esta ocasión no le será tan fácil desvincularse del asunto. Puede entenderse, pues, el desconcierto que se siente en los círculos diplomáticos por lo que está sucediendo. Si bien a nadie se le ocurriría reivindicar la práctica de importar autos mediante franquicias diplomáticas para entonces venderlos a precios elevados, muchos están preguntándose cuál sería la razón por la que el gobierno argentino ha asegurado que el asunto adquiera un impacto público muy fuerte. Pueden señalar que sería poco probable que nos produjera muchos beneficios lo que a lo mejor podría tomarse por un intento quijotesco de limpiar los establos de Augías de la diplomacia internacional.

Por desgracia, abundan los países cuyos representantes en el exterior están más que dispuestos a sacar provecho personal de la inmunidad diplomática de la que disfrutan y por lo tanto muestran escaso respeto por las leyes, sobre todo las relacionadas con el tránsito, del país anfitrión. Con cierta frecuencia, en ciudades como Nueva York, Londres y París las autoridades difunden informes sobre la negativa de diplomáticos de países determinados a pagar multas por las muchas infracciones cometidas, pero no es nada común que surjan casos como el actual que involucra a tantas personas de tantos países diferentes. De tener la Argentina la reputación de un país excepcionalmente riguroso en el que todos se esfuerzan por acatar las reglas, el affaire que acaba de desatarse no causaría mucha sorpresa en el resto del mundo, pero en tal caso sería de suponer que los diplomáticos extranjeros se hubieran cuidado de involucrarse en negocios que podrían causarles muchos problemas.

Si cayeron en la tentación que les planteó la posibilidad de ganar dinero gracias a las franquicias diplomáticas, será porque creían que aquí hay tanta corrupción que podrían hacerlo sin correr riesgos. Se equivocaron, claro: si bien es verdad que los índices de corrupción locales son altos, también lo es que de vez en cuando se producen reacciones moralizadoras vigorosas que perjudican a quienes hasta entonces se creían impunes.