El gremio UATRE no debería sentirse eximido de responsabilidades sólo por haber levantado los piquetes que generaron caos durante una semana en las rutas del Valle.

Siete causas abiertas en la Justicia Federal y dos más en los tribunales rionegrinos indican que, por el contrario, el proceso para ponerle nombre y apellido a los causantes de los perjuicios recién está comenzando.

Además hay que destacar que en varios expedientes más se investiga el accionar de trabajadores rurales en distintos hechos violentos denunciados en la región.

Hasta el momento ningún sospechoso fue citado a declarar, porque todavía se transita por la instancia de sumarios y la mayoría de las actuaciones están en poder de la policía. No obstante, fuentes judiciales y policiales consultadas ayer por este diario indicaron que varios de los protagonistas de los cortes están identificados.

El Juzgado Federal de Roca abrió una causa por cada bloqueo al tránsito sobre la Ruta 22, según se informó ayer desde la secretaría penal del tribunal.

A esos expedientes se adjuntarán, de acuerdo al lugar donde ocurrieron los hechos, las cuatro denuncias radicadas por productores y camioneros la semana pasada, que en todos los casos acusaron directamente a UATRE por los daños y pérdidas que ocasionó la protesta.

Voceros del juzgado detallaron que además de la presentación conjunta que firmaron 28 chacareros el viernes pasado, otra productora de Cervantes reclamó formalmente que se condene el perjuicio económico que sufrió por la retención ilegal del camión que había contratado para sacar fruta de su propiedad.

Las otras dos denuncias fueron realizadas por choferes de camiones, quienes relataron ante funcionarios judiciales las graves consecuencias -laborales y personales- que padecieron desde que los rurales les impidieron mover sus vehículos de las banquinas donde quedaron detenidos.

Los cortes sobre la ruta "Chica" también serán investigados por la Justicia provincial.

En este sentido, la fiscal cipoleña Silvana García recepcionó un informe del cuerpo de Seguridad Vial y abrió una causa por el corte a altura del puente 83. Previo a esto, la fiscal Rita Lucía inició otro expediente por un bloqueo en la zona de Cinco Saltos.

En tanto, a pesar de las interrupciones que hubo a la altura de J. J. Gómez, hasta ayer no había actuaciones formalizadas por estos piquetes en el ámbito de los tribunales roquenses.

Lo que sí estaba registrado en los preventivos que la policía envía a la fiscalía de turno eran los actos vandálicos, ataques y otros episodios violentos que se vivieron durante los siete días de conflicto. La fiscal Elsa Alasino confirmó ayer que dos hechos ocurridos en Paso Córdoba y uno en J. J. Gómez (la irrupción de 30 encapuchados sobre un camión en una chacra) ya están a punto de formalizarse en causas judiciales.

Por su parte, el titular de la Unidad Regional Segunda, Leonardo Riveros, detalló que hay causas abiertas por violación de domicilio, amenazas, daños y lesiones en distintas comisarías de la región, agregando hechos en Huergo y Godoy a los mencionados por la fiscal. En la última localidad ocurrieron las amenazas a periodistas y fotógrafos de "Río Negro", denunciadas el lunes 14 en la comisaría Tercera de Roca.

El jefe policial confirmó también el inicio de investigaciones por los ataques con piedras a vehículos ocurridos entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado en Allen y Cervantes, donde resultaron heridos dos chicos. Sobre estos casos dijo que los presuntos responsables están identificados y que están siendo citados para notificarlos sobre las causas en trámite.

(Redacción Central / AC)