El gobierno de Jorge Sapag quiere redefinir la relación entre la provincia y las municipalidades. El debate comenzó disimuladamente con la propuesta de transferencia de las responsabilidades del mantenimiento de las escuelas, pero esta semana quedó blanqueado con un anuncio que hizo el ministro de Gobierno, Educación y Cultura, Jorge Tobares. El funcionario dijo que en febrero comenzarán a analizar una nueva ley de coparticipación municipal y algunos intendentes ya empezaron a estudiar cómo se sentarán a una mesa en la que abundan los codazos.

La discusión que, según Tobares, se abrirá en la primera quincena del próximo mes, girará alrededor de la distribución de los recursos, de las responsabilidades en la gestión y de la prestación de servicios nuevos. Algunos intendentes imaginan, a partir de señales enviadas por el gobernador, que además de la transferencia de algunas tareas vinculadas con la infraestructura escolar habrá otras en el área de seguridad y servicios públicos, como el agua y las cloacas.

"No se puede discutir la ley de coparticipación sin las responsabilidades que debe asumir cada uno", reflexionó un intendente de la oposición que ya empezó a repasar los números de la ley vigente, una norma que fue aprobada por la Legislatura a principios de la década del '90.

La respuesta negativa del intendente de Neuquén, Martín Farizano, al plan de mantenimiento de escuelas propuesto por la provincia se inscribe en este contexto. "Si vamos a discutir debe ser todo el paquete", dicen en la municipalidad de mayor peso político.

Cuando se trata de dinero, los intendentes son celosos y tironean de una frazada que siempre queda corta. Es una torta difícil de repartir y por ese motivo habrá un planteo para aumentar la masa de los recursos a distribuir que se alimentan de una porción de los impuestos provinciales, de los ingresos por la coparticipación federal y de las regalías.

La vez que se formalizó la autarquía del Poder Judicial, durante el gobierno de Jorge Sobisch, se echó mano a la coparticipación municipal para financiar el nuevo presupuesto autónomo. Es un porcentaje que se tomó del cupo asignado a los municipios, correspondiente a la coparticipación federal de impuestos.

Algunos intendentes con experiencia en materia de gestión consideran que lo que se hizo en aquel momento quedó sostenido por alfileres desde el punto de vista legal y entienden que la provincia ahora debe modificar la forma de financiamiento del sistema judicial o bien compensar los fondos desviados de la coparticipación.

En la mesa de discusión por la distribución de los fondos públicos aparecerán nuevas municipalidades que dejaron de ser comisiones de fomento, mientras que unos cuantos intendentes pedirán un censo para actualizar el número de población, un componente que tiene peso a la hora de asignar porcentajes de la torta.

La tarea de negociar una nueva ley no parece sencilla para el gobierno de Sapag. La mayoría de las ciudades más pobladas está en manos de la oposición. Puede ocurrir que los intendentes se presenten en bloque a discutir los aspectos centrales del borrador que en breve hará circular el gobierno.

La ciudad capital, donde vive casi la mitad de la población, recibe el 35% de los recursos pero arrastra un antiguo reclamo: cuando en el '93 se firmó el último acuerdo de coparticipación, la entonces intendenta de Neuquén Derlis Kloosterman resignó casi tres puntos. La diferencia sirvió para mejorar los ingresos de otras municipalidades y el acuerdo fue posible cuando había un gobierno recién estrenado, el de Sobisch.

Neuquén irá por la revancha e intentará recuperar lo perdido en aquella ocasión. La pulseada será fuerte y podría llegar a ser desequilibrante por lo que significa la ciudad más desarrollada pero también la que acumula mayor cantidad de problemas crónicos.

Desde aquel acuerdo último alcanzado en 1993, todos los gobiernos que siguieron intentaron, sin éxito, actualizar la ley de coparticipación.

Pese al escenario descripto, en el gobierno de Sapag existe cierto optimismo sobre el futuro del proyecto; entre otras razones, porque consideran que se están generando condiciones políticas diferentes en la provincia que llevarían a buen puerto el debate. El camino de la imposición será evitado y el del diálogo, privilegiado, aseguran.

El de las finanzas ha sido un tema central en el primer mes y medio de la gestión Sapag. La ministra de Hacienda, Esther Ruiz, dijo esta semana que el gobierno no podrá otorgar nuevos aumentos salariales en el corto plazo y manifestó que la situación financiera heredada es "peor de lo que habíamos pensado".

En el gobierno saben que en breve se acelerará el ritmo político de la provincia y que la dirigencia que conduce los sindicatos que agrupan a los empleados públicos retomará los planteos de recomposición salarial.

La puja por mejorar los ingresos se disparará, como ha ocurrido otros años, en forma escalonada. El inicio de clases puede ser un punto de inflexión de esta otra pulseada.

En la dirigencia sindical están midiendo los tiempos. Se preguntan hasta cuándo funcionará el argumento que expresa malestar por las condiciones heredadas de la gestión anterior. Algunos sindicalistas ya tienen la respuesta: el lamento oficial tiene un límite y se está por alcanzar.

El gobierno avanza con algunas medidas que le permitan oxigenar sus finanzas. Esta semana Hacienda envió una propuesta al gobierno nacional para refinanciar 360 millones de pesos de deuda pública que vencen este año.

La gestión de Sapag quiere trasladar los pagos al 2009, pero ahora debe esperar la respuesta porque las provincias tienen un cupo para refinanciar. Puede ocurrir que la refinanciación autorizada sea por un monto inferior, pero en cualquier caso servirá.

Sapag necesita aliviar los pagos y garantizar un primer año de gestión sin demasiados sobresaltos. Ordenar la relación con los intendentes, evitar que las demandas salariales se descontrolen y posponer pagos para más adelante parece ser el camino elegido para transitar el 2008.

GERARDO BILARDO

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