El volcán salarial en Río Negro erupcionó por el lateral menos examinado: el de los rurales.

Durante una semana, los trabajadores del sector generaron un calvario con sus cortes e intimidaciones. Avasallaron los derechos de los habitantes a transitar libremente y a la propiedad privada. Afectaron por más de 200 kilómetros a turistas, transportistas, productores y empresarios en el momento más intenso para dos motores económicos clave de la región: la fruticultura y el turismo.

Impunidad mirada en estado de letargo desde el poder político y desde la Justicia.

¿Cómo podía entenderse tamaña hostilidad de ese sector cuando los otros trabajadores de la fruta habían logrado poco antes acuerdos rápidos y sin traumas? ¿Qué razones poderosas podían violentar tanto a un gremio, incluso cuando las distancias salariales en discusión eran cortas?

La anarquía de las bases de UATRE sólo parecía explicarse desde la misma interna del gremio. El mandamás del sindicato, Carlos Figueroa, se va y su sucesión desencadenó tantos piquetes y pretensiones como candidatos. Enfrente, un sector empresarial desorientado frente a la presión de la promovida "redistribución de ingresos".

El conflicto originado en un ámbito privado terminó con habitantes como rehenes. Cuando eso ocurre, el Estado no puede eludir su responsabilidad. Pero aquí hubo sensación de ausencia.

El gobierno nacional -con el ministro Carlos Tomada- asumió la mediación dictando la conciliación y, después, monitoreando el laudo.

Existió otra línea nacional: el secretario general de UATRE, Gerónimo "Mono" Venegas, responde al sector de Hugo Moyano. Ni el camionero ni el gobierno kirchnerista querían hechos que empañaran la trabajada relación entre ambos. Prioridades que se volatilizaron en los piquetes de Río Negro.

Tomada mantuvo permanente contacto con el gobernador Saiz. El miércoles ya le anticipó la conciliación obligatoria. Un mandato que la conducción de UATRE pretendió acatar pero no pudo alinear en la anarquizada agrupación que supo conseguir.

La Justicia deambuló entre la desazón y la impericia. La subrogancia Federal se formalizó con el abogado Juan Elizondo, pero la respuesta -en los hechos- quedó en manos de dos jóvenes secretarias frente a la prioridad que la jueza María del Carmen García otorgó a sus vacaciones.

La desorientación explica por qué las funcionarias judiciales optaron por hablar con el jefe de la Policía rionegrina, Víctor Cufré. Querían saber de la situación y del acompañamiento provincial. Ni Cufré ni ningún jefe asumen decisión alguna sin mandato de la autoridad política.

El gobierno de Saiz se ubicó como espectador privilegiado. Descansó en los deberes ajenos y se acomodó en un rol más bien pasivo y vacilante. Permaneció ausente en las acciones, sobre todo en el primer tramo del conflicto, cuando el caos era palpable.

En el gobierno se evaluó el miércoles una presentación en la Justicia Federal, acusando a UATRE y esbozando alguna que otra medida. Pero el gobernador congeló esa opción y decidió convocar a la conducción gremial. Fue un camino directo pero inútil. El sindicato ni apareció por Viedma.

Saiz sabe que existen decisiones de las que no se vuelven. La actuación de sus uniformados para liberar las rutas es una herramienta de la que dispone. Pero siempre está presente el calvario político del neuquino Jorge Sobisch después de la muerte del docente Carlos Fuentealba.

"Si lo hacemos con ellos, después tenemos que seguir con otros que corten las rutas", ponderó sus pasos con el pensamiento puesto en futuros conflictos estatales o de productores.

Reflexionó así cuando escuchó el pedido de la Justicia Federal sobre si podía contar con su policía. "Son muchos cortes y nosotros no podemos con todos; tendrán que llamar también a la Gendarmería", esbozó. Luego pensó en otra alternativa: convocar al Consejo de Seguridad, integrado por la totalidad de las fuerzas asentadas en la provincia. Otra socialización de responsabilidades.

Los cortes abofeteaban, pero hubo otras acciones temerarias: las andanzas intimidatorias en las chacras, los palos y cadenas en las rutas, las piedras contra autos (dos de las cuales lastimaron a un nene y una nena) y -nadie lo admitiría a esta altura- la sucesión de incendios de bines. Hasta dentro del mismo gobierno impactó un hecho poco conocido: un grupo irrumpió en la chacra del ministro de Hacienda, Pablo Verani, en Ferri y amenazó al encargado para que suspendiera sus actividades frutícolas.

Con semejantes ribetes, el conflicto salarial se presentó en Río Negro. Deja una percepción de riesgo para el debate con los estatales, especialmente con los docentes.

Con esa angustia Saiz regresó a su despacho el jueves y convocó a dos ministros. Primero recibió a José Luis Rodríguez por el conflicto rural. Después se reunió con César Barbeito, de Educación. Este funcionario relató su evaluación del encuentro informal que el miércoles había mantenido con el titular de Unter, Marcelo Nervi.

La provincia reitera que los plazos de la discusión dependen de acciones nacionales: el tratamiento de la deuda rionegrina y de las bases salariales.

Igual, Nervi logró un compromiso de Barbeito: la reapertura inmediata de la discusión por el aumento, en paritaria o en ámbitos oficiales. Será antes de febrero.

En Río Negro se afirma que el gobierno de Cristina Kirchner propondrá una pauta de una suba del 16%, en dos cuotas. "Es un objetivo alcanzable", se admite en el gabinete de Saiz.

El STJ estableció un piso provincial, con su incremento del 17,1% a partir de enero. Así, será difícil discutir en Río Negro por un parámetro más bajo.

La Unter tiene un objetivo superior. No menos del 20%, aunque espera la fijación del mínimo docente en el marco nacional. Actualmente, esa base es de 1.040 pesos y se prevé llegar a 1.250 ó 1.300 (sin el incentivo de los 100 pesos).

Un alza del 16% en Río Negro exigiría casi 200 millones anuales, ejecutando el incremento de una sola vez. El impacto presupuestario puede reducirse si es progresivo.

UPCN tendrá su lugar. Esta semana seguramente habrá reunión del gobierno con el diputado y gremialista Juan Carlos Scalesi.

La pulseada salarial ya está instalada en Río Negro. Todos cruzan dedos para que no se cuelen los estilos arrebatados. El conflicto de los rurales puede ser aleccionador en cuanto al papel de un Estado que debe involucrarse más y defender los derechos de sus ciudadanos.

Los pobladores y turistas, rehenes de una interna gremial.

ADRIÁN PECOLLO

pecollowa@yahoo.com.ar