Aunque piensan aprovechar hasta último momento para conseguir la mayor cantidad de firmas posible, los diputados de la Coalición Cívica ya tienen listas las denuncias que presentarán ante el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y ante el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Abel Fleitas Ortiz de Rosas.
En las presentaciones, los legisladores plantean los argumentos a partir de los cuales piden a cada uno de los funcionarios que "analicen e investiguen la evolución del patrimonio del ex presidente Néstor Kirchner y de su esposa, la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández, así como el origen de su incremento".
Justifican su pedido en "el notable aumento denunciado" por el matrimonio presidencial en sus declaraciones juradas ante la OA.
Las denuncias están basadas en los datos publicados por La Nación la semana pasada, según los que, en el 2007, el ex presidente aumentó su patrimonio en $ 5.781.195. Alcanzó así una fortuna de $ 17.824.941, casi 11 millones más de lo que tenía cuando se hizo cargo de la presidencia en mayo del 2003.
Para los diputados de la CC "las preguntas que no parecen encontrar respuesta en los números declarados son cómo hizo el matrimonio para quintuplicar su patrimonio en cuatro años, con casi la misma cantidad de bienes inmuebles, y cómo logró un ingreso por $ 5.781.195 en tan sólo un año, con inmuebles cuyo valor total resultaría ser la mitad de la renta declarada como obtenida".
También se preguntan "cómo pudo haber habido un incremento en el rubro alquileres cuando se mantuvo constante la cantidad de propiedades o como pudo (el matrimonio) haber tenido un aumento de 10 departamentos durante el último año".
Tras detallar las diferencias que se registran en varios rubros de las declaraciones juradas, siempre sobre la base a lo publicado por La Nación, los legisladores que lidera Elisa Carrió piden que se determine "si ha habido o no un incremento indebido" del patrimonio de los Kirchner.
En la misma línea, consideran que los hechos denunciados "podrían constituir una violación a los deberes estipulados por la ley de ética pública".
Citan además el artículo 268 del Código Penal, modificado por la mencionada ley, que fija fijando una pena de prisión de dos a seis años, multa del cincuenta al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, para aquel que "debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
Según el artículo "se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban".
Además de las denuncias ante la fiscalía y la OA, la Coalición Cívica presentará un tercer pedido para que la Cámara de Diputados cree un comisión especialmente dedicada a estudiar el aumento del patrimonio del matrimonio presidencial.
