ROCA (AR).- El conflicto protagonizado por los trabajadores rurales llegó ayer a un escenario extremo, a partir de una sucesión de hechos violentos que padecieron más de diez productores sólo en la zona de Roca.

El episodio más preocupante se registró en J.J. Gómez, donde unos 30 sujetos ingresaron a una chacra, amenazaron a trabajadores, destrozaron escaleras y tiraron la fruta que habían cosechado.

Anoche, al cierre de esta edición, la Cámara de Productores analizaba -con custodia policial por amenazas- los pasos a seguir para evitar que aumente la inseguridad.

En el terreno de la negociación salarial, trascendió anoche que tanto CAFI como el sindicato UATRE trabajaron en flexibilizar posiciones. Irían a la reunión de hoy en Buenos Aires con un propuesta de un piso de $72 y un techo de $76 por día.

Al margen de esto y después de seis días de conflicto, los rurales empezaron a acumular denuncias en contra por los trastornos y pérdidas económicas que están provocando con los cortes de rutas en el Alto Valle.

En este contexto, el gobierno rionegrino, a través del ministro de la Producción, Juan Accatino, instó a la Justicia Federal a "tomar medidas concretas" para garantizar el libre tránsito.

Incluso el propio secretario general de UATRE, Carlos Figueroa, advirtió a los afiliados del gremio que "será peor el remedio que la enfermedad" si los piquetes no se levantan para permitir que hoy continúe la discusión salarial en Buenos Aires.

La protesta comenzó a judicializarse ayer, cuando camioneros que se encuentran "cercados" en Cervantes presentaron una denuncia en el Juzgado Federal de Roca.

Mientras tanto, la secretaria de ese tribunal, María Fedra Giovenali, realizó un relevamiento por los piquetes, que eran siete en la ruta 22. El de ruta "Chica" se levantó anoche (ver infografía).

Por su parte, se mantuvo la protesta de los productores a la vera de la ruta en la zona de los puentes que unen Cipolletti y Neuquén. Esta modalidad se mantendrá hasta las 17 de hoy, cuando realicen una movilización sobre la ruta, que seguramente complicará el tránsito.

La secretaria del Juzgado Federal -en reemplazo de la jueza María del Carmen García- se interiorizó sobre la situación que padecen automovilistas que, en medio del agobiante calor, quedaron atrapados al rayo del sol y sin ningún tipo de asistencia.

Cansados de tanta desconsideración, media decena de camioneros que desde hace casi una semana se encuentran atrapados en el piquete de Cervantes, decidieron trasladarse ayer -cerca del mediodía- al edificio de España y San Martín.

Frente a los empleados de la Justicia Federal realizaron la denuncia para que se inicie una causa y -al menos- se les permita salir del escenario del conflicto, ya que no cuentan con más recursos para afrontar la problemática estadía en inmediaciones a una estación de servicios.

"No puede ser. Mirá todos los días que pasaron y no tenemos ni para morfar. Yo hace una semana que no me baño, no tenemos para comer y ni siquiera agua para tomar", comentó uno de ellos, llamado Carlos, cuando se retiraba de los tribunales.

El testimonio de este camionero -que por cuestiones de seguridad pidió reserva de su identidad y que no se saque fotografías al resto de los denunciantes- es similar al de otros 20 que se encuentran con sus vehículos en inmediaciones de una estación de servicios de esa localidad, frente a uno de los primeros cortes que comenzó a tomar forma el viernes pasado.

"No queremos asistencia del Estado. Queremos que nos dejen ir a otra ciudad", comentó el transportista de Entre Ríos, que se encuentra junto a otros de la zona norte y de Brasil.

En la Justicia Federal se tramitan otros cinco expedientes por los cortes de ruta que se están llevando adelante en distintos puntos de la región y de los cuales ya se instruyó al personal de la División de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro para que realice las investigaciones y determinar la identidad y responsabilidad de cada uno de los piqueteros.

Después de la recorrida de ayer, la secretaria del Juzgado Federal aseguró que se intenta buscar una salida al conflicto.

Al ser consultada sobre un posible desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, aseguró que resulta "una medida violenta" y que por el momento no se analiza esa posibilidad.