La jueza en lo contencioso administrativo y tributario porteña, Elena Liberatori de Haramburu, hizo ayer lugar a una acción de amparo colectivo del sindicato ATE en favor de los 2.300 contratados cesanteados (que no tenían una función específica y fueron calificados de "ñoquis"), y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri anunció que recusará a la magistrada.

En un fallo de diez páginas, la jueza ordenó "el mantenimiento de la prestación de servicios de personal contratado en sus diversas modalidades al 31 de diciembre pasado" y en sus "idénticas tareas normales y habituales" con el "pago de las remuneraciones correspondientes".

La medida cautelar tendrá vigencia "hasta tanto se resuelva en definitiva" el fondo del conflicto y a la vez dispone que mientras tanto, los trabajadores deben "ser incluidos en el censo a realizarse en marzo de 2008", de cara a determinar quiénes de verdad trabajan y si entre ellos hay "ñoquis". Este fallo de Liberatori de Haramburu se suma a otros vinculados con la intervención de la obra social del gremio municipal, un tema por el cual Macri viene manteniendo una pulseada con la magistrada. Hasta ahora, dos resoluciones del Ejecutivo porteño fueron rechazadas por la jueza, por lo que aquél presentó otras tantas apelaciones y amenazó con pedirle el juicio político.

Macri calificó ayer por la tarde de "un disparate" el nuevo fallo y aseguró que es "casi impracticable", porque ordena la renovación de "todos los contratos que se vencieron en diciembre del año pasado, sin decir ni cuáles ni cuántos". "Le hemos dado la orden al procurador (de la Ciudad, Pablo Tonelli) para que recuse a la jueza y apele la medida", dijo Macri durante su exposición en el Salón Blanco de la jefatura de Gobierno, donde expuso sin permitir preguntas de los periodistas, a pesar de haberlos citado a conferencia de prensa.

En este sentido, Liberatori también anunció que no formulará declaraciones, porque entiende que los magistrados "hablan a través de sus sentencias o en ámbitos académicos".

Macri cuestionó a la magistrada y dijo que con la decisión judicial de ayer "está haciendo abuso de poder". "Me estoy refiriendo a la jueza Elena Liberatori de Haramburu, Elena Liberatori de Haramburu, que por tercera vez en menos de una semana le ha conferido un amparo a los gremios", dijo Macri. La vicejefa de Gobierno porteño, Gabriela Michetti, admitió esta tarde como "una posibilidad" iniciar desde la Ciudad un juicio político a la jueza Liberatori.

A su vez, el titular del bloque PRO de la Legislatura porteña, Oscar Moscariello, aseguró esta noche que las disposiciones de la jueza "la llevan imperiosamente al juicio político".

Para Liberatori, la cesantía de los contratados por parte del gobierno de Macri "sería encuadrable en las denominadas 'vías de hecho' de la Administración" y al respecto recordó jurisprudencia según la cuál "por lo general la vía de hecho se opone a la de derecho", dijo en el fallo.

"Según la doctrina administrativista citada se habría concretado una afectación en los derechos de los trabajadores alcanzados por las vías de hecho denunciadas", estableció la jueza. Y también consideró que la negativa de la administración Macri a que los 2.300 contratados sean sometidos al censo "pareciera objetable jurídicamente" máxime porque, apuntó, "lo que está en juego es su subsistencia económica".

Pablo Michelli, titular de ATE Capital Federal, que había presentado el recurso de amparo, explicó que por la disposición judicial, "se reincorporarán a sus puestos de trabajo" esos empleados despidos.

El dirigente remarcó, además, que por la medida, se garantizará el pago de las remuneraciones a los trabajadores, quienes además tendrán la oportunidad de participar del censo que hará el Gobierno de la Ciudad, en marzo próximo.