La energía del gobierno continuó dispersa en la primera quincena del año. La ausencia del gobernador Saiz y el verano irresistible explican esa disgregación gubernamental.

Desde Gobierno, José Luis Rodríguez impuso temas suyos y ajenos. Defendió el servicio ferroviario (Sefepa-Tren Patagónico) y reaccionó frente a la falta de combustible, juntamente con Omar Contreras de Turismo, mientras que Hacienda y Producción acordaban con Nación un plan de control en las estaciones de servicio.

El mayor ímpetu lo exhibió Rodríguez. Activó trámites para acompañar la creación de la Universidad Nacional de Río Negro. Este ministro busca mostrarse como generador de políticas y de gestiones. Tierra virgen. Un intento de Rodríguez no exento del deseo personal por recuperar posiciones.

Ese avance tendrá resistencia interna. Nadie -por sí- resigna espacios en la política. Esos límites llegarán.

En Educación se sorprendieron cuando Rodríguez se involucró en la cuestión universitaria. "Tengo un área de política universitaria y el gobierno debe ser claro en su apoyo a la creación de la nueva universidad", se defendió el ministro.

Nombró para la representación de Río Negro al subsecretario Juan C. Valles, un profesor de educación física dúctil en la función pública: conducía hasta diciembre el área de seguridad ciudadana y ahora orientará a los rionegrinos en su futuro universitario.

Existió otro capítulo: Rodríguez recogió críticas y reaccionó, sumando en esa misión al ex titular del Consejo Provincial de Educación Nilo Fulvi.

En definitiva, Saiz resolverá el hombre de Río Negro para incorporar al triunvirato de gestores de esa universidad donde el justicialismo puso dos académicos: el ex secretario de Ciencia y Tecnología Juan Carlos Del Bello y el ex rector de la UNC Pablo Bohoslavsky.

¿Sobreactuación? "No, hay que tener gestión y soy el ministro de Gobierno", se cubre Rodríguez. "Alguien lo tiene que hacer, yo lo hago y lo hablaremos si otro se siente invadido", insiste.

Aceptó y asumió un ministerio con muchas limitaciones. Rodríguez debe hacer pie en terreno extraño. Resta y suma en esa labor. Resignó el manejo directo del programa laboral (PER),

antes en la jurisdicción de Trabajo y ahora bajo la Secretaría General, con el compromiso de revisión de los más de 3.000 subsidios provinciales. En cambio, Rodríguez sumará al abogado laboral Adolfo Martínez como segundo de Trabajo.

La cuestión salarial -poco a poco- irrumpirá en enero. Antes, Hacienda quiere garantías desde la Nación para mejorar su financiamiento en el 2008. Al final, el ministro Pablo Verani logrará un viejo reclamo: la concentración de las cuentas públicas. Ya Saiz se los adelantó a sus hombres. "El decreto va a salir, pero con modificaciones", los tranquilizó, pues esas reformas están destinadas a atenuar el poder que se autoasignó Verani.

Este ministro tendrá otros frentes internos. Difícilmente sus tiempos salariales coincidan con los que diseña César Barbeito. Hay celeridad en Educación por los reclamos de Unter. Subsiste un criterio para concretar un plan salarial integral pero Barbeito ya evalúa su propia receta.

Saiz se fue de descanso y regresa esta semana con todo un tema: las imprevistas derivaciones del crédito público otorgado por un millón de pesos a una consignataria ganadera de Patagones por la empresa Río Negro Fiduciaria, cuyo reintegro sigue en dudas.

Débiles argumentos oficiales buscan explicar por qué se facultó a un privado para repartir esos préstamos ganaderos.

Esta cuestión pudo derivar en un debate ideológico, pero el Estado volvió a reproducir fallas en sus áreas de control y eficiencia cuando se trata de la utilización de fondos públicos. Así, hoy se duda de que Río Negro recupere totalmente el monto prestado.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas denunció irregularidades pero, otra vez, expuso su habilidad para desviar culpas. Se consigna como autoridad de aplicación del fondo a la Dirección de Ganadería, a cargo de Martín Oscos. Es difícil creer que sólo esa decisión técnica bastó para el desembolso de un millón de pesos. Hay que bucear más en los mandos políticos e institucionales.

El Tribunal también se concentra en Mapes, la consignataria en cuestión. Un giro sorprendente, pues el órgano tiene mandato para controlar a los agentes y funcionarios públicos. Hay responsabilidad privada, pero el juzgamiento del Tribunal se corresponde con el rol de funcionario "custodio" de los fondos públicos.

En cambio, la resolución tiene palpables desvíos y notables ausencias referidas al Estado: la autoridad de aplicación del fondo -según el decreto 1.482/05- es el Ministerio de Producción, que conduce Juan Accatino. Puede parecer, pero no es lo mismo que responsabilizar al director de Ganadería. Igual conclusión cuando se desliza en un párrafo a una "aseguradora", sin mencionar a la firma estatal Horizonte (a la que se le contrata un seguro de caución).

Otro extravío del Tribunal es la devaluada responsabilidad asignada a Río Negro Fiduciaria, que es un "agente financiero administrando" diferentes fondos provinciales. Por naturaleza, ese fiduciario debe garantizar el cumplimiento de los mandatos y asegurarse la restitución de los recursos. Por caso, el contrato con Mapes fue firmado por Río Negro Fiduciaria.

En conclusión, el Tribunal parcializa la responsabilidad de fiduciario. Nada es casual. El órgano de control mezcla -cada vez más- sus impulsos políticos con las simples cuestiones técnicas que le competen.

Raúl Calafell preside Río Negro Fiduciaria, que depende del secretario de Gestión de Empresas, Gabriel Savini. Ambos son hombres de confianza y relación personal con Saiz, características que el Tribunal no pasó por alto. ¿Un mensaje para llamar la atención de un gobernador que ellos consideran distante?

Igual lo que importa es el hecho, no las eventuales conjuras. Y el caso deparará todavía sorpresas. Nadie conoce, en rigor, las culpas por venir.

ADRIÁN PECOLLO

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