NEUQUÉN (AN).- El concepto de tortura remite a prácticas que se piensan, en principio, medievales o propias de los tiempos de dictadura.

Pero las denuncias sobre hechos de estas características no terminaron con la llegada de la democracia y en Neuquén se han sucedido planteos de las organizaciones de Derechos Humanos o particulares que aseguran que la tortura y los malos tratos aún no se erradicaron.

Una iniciativa del Ejecutivo provincial plantea la creación de un comité para combatir, sancionar y terminar con "los tratos crueles e inhumanos por funcionarios públicos" contra "personas privadas de su libertad".

El comité estará integrado, según consta en las preliminares del proyecto, "por diez miembros respetados de la comunidad neuquina", y para su composición se tendrá en cuenta "el respeto por la diversidad de género y étnica, la representación territorial y de la transdisciplinaridad del comité en su conjunto".

Una de las funciones del comité será "realizar visitas periódicas, de ser necesario sin aviso previo, y con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio de cárceles, unidades policiales y otros lugares de detención". Justamente el acceso a las unidades de detención fue uno de los obstáculos denunciados por organizaciones de derechos humanos en los últimos años.

También se prevé "la recepción de denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de la libertad y realizar informes periódicos sobre las condiciones en las que se encuentran esas personas".

Ricardo Riva, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, destacó que habrá "contacto con la mayoría de los representantes de la sociedad como sindicatos estatales, privados, iglesias, integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ministerios públicos, organismos no gubernamentales, representantes de los distintos partidos en la Legislatura y organizaciones de Derechos Humanos; porque lo que nos interesa es consensuar un proyecto de Ley y trabajar en forma transversal". De hecho, se informó que el anteproyecto ya fue entregado al obispo Marcelo Melani, la organización Zainuco, el TSJ, a la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La creación el comité -sería el segundo en el país- es un reconocimiento tácito de que las torturas y malos tratos en unidades de detención y espacios públicos y privados siguen vigentes a pesar de la continuidad democrática.

Al respecto, el ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, César Omar Pérez, aseguró que "tenemos que controlar al Estado para que cumpla en el marco del derecho". "Para ello queremos crear un organismo reconocido por la sociedad y que sea creíble para todos. No solamente se trabajará con unidades policiales sino donde haya personas privadas de la libertad como por ejemplo los institutos psiquiátricos", concluyó.