NEUQUÉN (AN).- El conflicto que enfrentó a trabajadores desocupados, una comunidad mapuche y a la compañía petrolera Piedra del Águila por la explotación hidrocarburífera de un área situada en las afueras de Picún Leufú parecer haber terminado ayer. Es que por primera vez las partes firmaron un acta para garantizar un diálogo de "buena vecindad" y dar por finalizadas las diferencias que se extendieron por siete meses.

El acta establece las bases para solucionar el conflicto, al que denominaron como "intercultural" y que comenzó cuando se asignó un área de explotación petrolera en tierras ocupadas por la comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufú. Pasaron más de siete meses, denuncias y enfrentamientos que sumaron al pueblo de Picún Leufú, en donde un grupo de desocupados reclamaba por las fuentes laborales que podría generar la instalación de la petrolera en la localidad.

El acta, suscripta el miércoles por la noche en El Chocón, fue firmada por la provincia, a través del ministro de Gobierno, Educación y Cultura, Jorge Tobares, que se comprometió a participar en calidad de veedor y garante de las negociaciones.

El acuerdo fue rubricado por el lonco Victorino Curruhuinca y la inal lonco Teresa Curruhuinca, en representación de la comunidad; Santiago Gastaldi, por la petrolera; y por el ministro Tobares. El objetivo es "respetar, preservar y potenciar los valores culturales mapuches y asegurar que la actividad de la petrolera se desarrolle bajo cánones de buena vecindad". Las partes se comprometieron a, en un plazo de diez días, conformar una comisión "a efectos de evaluar el impacto cultural que las actividades de exploración y explotación" producen en el terreno ocupado por la comunidad.

El acuerdo fija que "la empresa deberá presentar a la comunidad los estudios de impacto ambiental" e informar "el tipo de trabajos de prospección a realizar", con precisión en los alcances de la búsqueda y la extracción de hidrocarburos.

Con la condición de "contribuir a la paz social y a garantizar la seguridad de las personas, bienes y medio ambiente", la empresa desistirá de todas las acciones judiciales promovidas contra la comunidad.

A lo largo del conflicto se produjeron denuncias públicas y judiciales cruzadas y el grupo de desocupados impidió el tránsito en la ruta 237, en reclamo de una solución en reclamo de trabajo.

"Tenemos expectativas pero con recaudos", dijo ayer una fuente de la empresa.