El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, logró ayer sostener la intervención de la obra social de los municipales con apoyo de los diputados que responden a Elisa Carrió, tras un fallo judicial que frenó el decreto que dispuso esa medida, en medio de un enfrentamiento con el gremio estatal de la Ciudad.

La Legislatura aprobó ayer una ley presentada por el diputado de la Coalición Cívica Enrique Olivera, que permite al Ejecutivo intervenir esa entidad sindical, pese a que se había convocado la sesión extraordinaria para ratificar el decreto de Macri.

Además de habilitar la intervención, la ley avala la desregulación de la obra social, para que los afiliados puedan elegir si se quedan o se retiran, y establece un proceso de "reconversión" de la entidad, que administra -por medio del sindicato SUTECBA- millones de pesos por mes.

Los legisladores del PRO -28 sobre un total de 60- tuvieron que hacer propio el proyecto impulsado por los seis legisladores del ARI, debido a que la jueza Elena Liberatori había frenado horas antes la aplicación de la medida.

Con los 34 votos de ambas bancadas, el rechazo de tres legisladores de izquierda y la ausencia del kirchnerista Frente para la Victoria y de Diálogo por Buenos Aires, del ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra.

"Así como Mauricio Macri y Elisa Carrió acordaron juntos aumentarle ABL a los vecinos, hoy (por ayer) se volvieron a reunir para eludir un fallo de la Justicia", aseguró el jefe del bloque kirchnerista, Diego Kravetz.

Más allá de la polémica, la ley establece: "Facúltase al Poder Ejecutivo a intervenir la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, ente público no estatal, por el término de 180 días corridos, facultándose al Poder Ejecutivo a prorrogar por única vez y por similar plazo esta medida".

Además, la ley crea en el ámbito de la Legislatura "una comisión interdisciplinaria, para que en el plazo de 120 días corridos elabore y presente un proyecto de reorganización de la obra social".

La norma establece que dicha comisión, que estará integrada por cinco miembros del Poder Ejecutivo, cinco por la Legislatura y cinco de las organizaciones gremiales, deberá trabajar para "garantizar prestaciones de calidad a afiliados y jubilados". Finalmente, el proyecto ordena la "aplicación de un programa de reconversión, que deberá articularse con la reorganización" de la entidad sindical.

El giro se produjo luego de que la jueza porteña en lo contencioso administrativo y tributario Elena Liberatori, frenó intervención en un fallo de 10 páginas.

La magistrada ordenó a Macri que, en vez de la intervención a la obra social, "proceda a la designación de los integrantes de los órganos naturales de la Obsba". La resolución de Liberatori aceptó el amparo presentado por Amadeo Genta y Patricio Datarmini, secretario y adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Capital, contra el decreto. Esa norma impuso al vicepresidente de la Obsba, Jorge Rey, como interventor en reemplazo del presidente Datarmini y del resto de los miembros del Directorio, pese a que cinco de ellos son nombrados por el Poder Ejecutivo porteño, hasta mediados de año y con posibilidad de prórroga por seis meses más.

La jueza encontró "óbices constitucionales" en ese decreto de Macri porque, según ella, allí el jefe de Gobierno "asume el dictado de una disposición legislativa", y no halló un "criterio de razonabilidad" para que Macri "haya tenido que acudir a una figura tan excepcional y extrema como lo es la intervención del ente público no estatal que cubre" a los municipales. (DyN)