¿A qué se debe este desastre? Puede atribuirse a la cultura de la irresponsabilidad que se ha difundido en nuestro país, al egoísmo criminal de muchos individuos que se creen con derecho a violar todas las reglas sin pensar jamás en los intereses ajenos y a la pusilanimidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales que -por lo que es de suponer son motivos políticos- no se animan a enojar a los automovilistas. También contribuyen a la matanza diaria -mueren en promedio más de 22 personas por día- las deficiencias notorias de las rutas y caminos, además de la resistencia de los fabricantes de automóviles a priorizar la seguridad. Combinados, estos factores constituyen un cóctel mortífero que causa miles de muertes que podrían evitarse y deja discapacitadas de por vida a decenas de miles de personas. Sin embargo, aunque son colosales los costos humanos y, desde luego, económicos del estado calamitoso del tránsito, la sociedad parece dispuesta a tolerarlo como si fuera cuestión de una catástrofe natural contra la cual sería inútil intentar defenderse.

Ocasionó cierta extrañeza aquí la información recién difundida de que en Inglaterra quienes hacen una llamada telefónica mientras conducen pueden ser castigados con dos años de prisión firme, mientras que salpicar a peatones al frenar bruscamente después de violar los límites de velocidad en una zona urbana significaría una multa de hasta 5.000 dólares, pero en vista de que las posibles consecuencias de manejar sin la debida responsabilidad son tan graves se justifica plenamente la severidad extrema así manifestada que se basa en el principio de que muchos accidentes no son desgracias fortuitas sino el resultado de una conducta premeditadamente peligrosa. Puesto que estar al mando de un automóvil -o de una moto, un cuatriciclo, un camión o un colectivo- equivale a tener en las manos un arma letal, es razonable tratar como delincuentes a quienes matan o hieren a otros al usarlos sin el cuidado imprescindible.

Siempre habrá accidentes de tránsito que no podrán impedirse, pero a juzgar por el hecho de que aquí sean mucho más frecuentes que en otras latitudes, es legítimo suponer que en nuestro país por lo menos la mitad debería imputarse a la negligencia de quienes manejan. Aunque es innegable que la condición lamentable de muchas rutas y calles urbanas sirve para hacer más azaroso el tránsito, también lo es que todos los usuarios son conscientes de esta realidad desafortunada y por lo tanto deberían tomar aún más precauciones que sus equivalentes en Europa o Estados Unidos. Para que aprendan los automovilistas, motociclistas y camioneros que está en juego no sólo su propia vida sino también la de terceros, será necesario mucho más que programas de educación vial más eficaces que los intentados hasta ahora. Por estar el tránsito en nuestro país entre los más riesgosos del mundo entero, mejorarlo requerirá sanciones que sean decididamente más punitivas que las habituales en el Primer Mundo.