Una economía pujante y arcas del Estado rebozantes fue la herencia que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió el 10 de enero del 2007 de su antecesor conservador, Enrique Bolaños. Apenas un año después, el país centroamericano vuelve a estar sumido en el caos y en una crisis similar a la que padeció hace dos décadas, precisamente durante la primera presidencia de Ortega.

Mientras la situación económica languidece día a día, la política se crispa: los opositores acusan a Ortega de intentar sustituir la democracia por un régimen autocrático. Tras doce meses en el cargo, subrayan, el gobierno de Ortega no tiene ni un solo éxito que mostrar, dejando de lado el hecho de que los índices de violencia y criminalidad del país no se han disparado tanto como en los vecinos Honduras, Guatemala o El Salvador.

Por el contrario, el lastre negativo desequilibra claramente el balance de este primer año de gestión: la inversión que en los últimos años impulsó el despertar económico cayó de 240 millones de dólares en el 2006 a menos de 100 millones de dólares en el 2007. Supermercados y hoteles están en bancarrota, cada vez más turistas optan por otros destinos, la inflación ha aumentado del diez por ciento en el 2006 al 14 por ciento en el 2007 y muchas empresas están abandonando el país, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

Los Consejos Populares Ciudadanos (CPC), que Ortega instituyó junto con su mujer, Rosario Murillo, son el principal motivo de choque entre gobierno y oposición, que ve en ellos un intento de relegar el Congreso y mermar la democracia.

Tampoco la Justicia se ha librado de la larga mano del matrimonio Ortega. "Se ha transformado en un juguete de la política", denuncia un analista político. Un ejemplo de ello fue la negativa del Tribunal Supremo de publicar una ley aprobada por el Parlamento en contra de los CPC de Ortega. La medida, que impidió que la ley entrara en vigor, fue aprobada en una votación paralela celebrada por los magistrados sandinistas de noche, cuando los jueces opositores ya habían abandonado el edificio de Tribunales.

Ortega, de 63 años, se presentó en las elecciones del 2006 como un ángel salvador. Predicó una política reconciliadora y anunció que implicaría a la oposición para trabajar por el bien del país. Pero incluso los sandinistas están convencidos de que el presidente terminó por hacer lo contrario.

Los partidos opositores, entre tanto, han cerrado filas para poner freno al gobierno de Ortega. Así, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) de Eduardo Montealegre votó la amnistía del ex presidente Arnoldo Alemán, acusado de corrupción, para que su Partido Liberal Constitucionalista (PLC) permaneciera en el Parlamento. Ortega amenazó a su antiguo aliado Alemán con penas de prisión, y los tribunales ya ordenaron su arresto domiciliario.

Uno de los principales retos de Ortega, entre tanto, consiste en evitar que a fines de enero entre en vigor una reforma constitucional que recorta los poderes presidenciales. La reforma fue una iniciativa del propio Ortega, que en el 2004 utilizó la mayoría parlamentaria que tenía junto a Alemán para aprobar la llamada Ley Marco y restar poder al presidente Bolaños. La ley desencadenó una crisis interna y su aplicación fue suspendida gracias a la presión internacional. Desde entonces debe posponerse cada año. El próximo plazo para su entrada en vigor es el 20 de enero. A Ortega "podría haberle salido el tiro por la culata", advierte un diplomático.

FRANZ SMETS

DPA