La judicialización de la actividad gubernativa es un fantasma que desagrada al Poder Ejecutivo.

Los jueces, a su vez, la rehúyen, porque los pone en aprietos políticos y aseguran que desvirtúa su función.

Tampoco suele ser conveniente a los ciudadanos, que la mayoría de las veces quedan atrapados en un procedimiento que les es ajeno y se ven obligados a esperar respuestas durante largo tiempo.

En condiciones normales, la tarea de gobierno supone una suerte de "contrato" informal entre los funcionarios y los gobernados, no en forma individual sino como sectores o grupos. En la negociación se naturalizan presiones, datos y contramarchas, así como tironeos por un presupuesto siempre escaso, hasta definir en qué ocupar el dinero.

Lo que sucede en Río Negro desde hace demasiado tiempo es que el gobierno provincial parece tan "afincado" que ha perdido el hilo de esa necesaria relación con los sectores sociales. Sobre la escasez de recursos, se toman decisiones de utilizarlos para una cosa y no para otra, sin que medie la conformación de un consenso sobre el particular.

Durante el último tiempo, ha sido notable el incremento de los conflictos que se muerden la cola, dan varias vueltas, y terminan derivando hacia la Justicia, sin que eso garantice tampoco una salida expedita.

La provincia cumple 18 años en situación de emergencia financiera. Es decir que lo que debió ser un remedio extremo para el corto plazo se ha convertido en un contrasentido jurídico, sin que se tomaran ninguna de las medidas que hubieran podido sanear la hacienda pública.

Una y otra vez, se acudió a medidas excepcionales -pago en bonos, reducción salarial, pago en cuotas, postergación de obligaciones con particulares, suspensión de términos procesales en juicios contra el Estado-, y la emergencia se hizo adulta mientras la deuda pública no ha parado de crecer.

La situación del PCB en toda la provincia -y en especial en Sierra Grande- es un ejemplo de cómo una cuestión técnica y relativamente menor ha derivado en un sinfín de dificultades, que -claro está- tampoco pudo resolver la intervención judicial.

Las crisis recurrentes del Ipross, son otro ejemplo. La falta de libre elección del profesional en Viedma y El Bolsón está bajo análisis judicial desde hace un año, mientras la atención en el resto de la provincia camina por una cuerda floja con tropezones periódicos.

También amenaza con judicializarse la situación de impugnaciones por adjudicación de viviendas del IPPV en Viedma.

Llega esta época del año, y el gremio docente Unter acaba de alertar sobre el mal estado de numerosas escuelas en toda la provincia, e incluso la imposibilidad, en algunos casos, de atender la matrícula prevista en los edificios existentes. Tampoco hay paritarias ni diálogo, y la amenaza de paro vuelve a ensombrecer la pretensión de cumplir el sueño de los 180 días de clases.

Uno y otro tema llevan a temer una nueva andanada de amparos y recursos ni bien comience el ciclo lectivo.

En lo que respecta a los edificios escolares, el gobierno se encamina otra vez a licitar las refacciones para que las realicen empresas privadas, después de que los municipios de las grandes ciudades se negaran a asumirlo y fracasara el esquema con empresas u organismos públicos.

Pero esto sucede en enero, cuando cualquier trámite de contratación devoraría el valioso tiempo que queda de receso educativo. Y cuando todavía la Justicia no ha terminado de resolver las causas por presunta defraudación con obras similares de la anterior etapa "privatista", de varios años atrás.

En otro plano, se buscó también que los porteros constituyeran una Sociedad Anónima para ahorrar dinero al Estado y, ante el fracaso, volvieron al esquema de empleo público.

También el Fondo de Obras Sociales de los hospitales, puesto bajo la administración de la UPCN, mostró pobres resultados en su objetivo de mejorar la recaudación y la eficiencia.

Y algo similar sucede con el transporte escolar para escuelas especiales que, caro y todo, no parece ser el mejor.

En cuanto a la política de tierras fiscales, durante muchos años el Estado fue moroso en otorgar los títulos de propiedad a los ocupantes que cumplían con los requisitos que exige la ley, porque no encontró un método equitativo para definir el valor de las tierras en las distintas regiones de la provincia. En los últimos años buscó resolver la situación del área petrolera, pero eligió hacerlo a través de una empresa privada, sin que en principio se comprenda la razón de tal delegación de facultades propias. Costoso para los particulares e inconveniente para el Estado, la controversial "solución" acumula ahora juicios en los tribunales del Alto Valle, y hasta el momento no ha dejado conforme a nadie.

En cuanto a la relación con los municipios, han sido frecuentes en estos años los reclamos opositores por el envío puntual de la coparticipación, por el incumplimiento de promesas o por la duplicación de servicios por parte de organismos provinciales en comunas no oficialistas.

Pero ahora es el intendente de la capital provincial y dirigente del mismo partido que el gobernador quien pide "voluntad política" para que Vialidad repare rutas tan esenciales como los principales circuitos turísticos costeros, la circunvalación y el acceso a la estación de ferrocarril.

Jorge Ferreira es también quien -como se indicó en este espacio el domingo anterior- ha denunciado que funcionarios de Gobierno lo espían y le graban conversaciones para utilizarlas en la "interna" oficial.

Lo asombroso es que nadie -ni de la oposición ni de las áreas aludidas- se ha sentido en la necesidad de negar, preguntar o explicar nada sobre el presunto uso de recursos públicos para tareas de espionaje, prohibidas expresamente por la ley de Seguridad Interior. Ese silencio parece indicar que lo irregular se ha "normalizado", como lo evidenció un jefe policial que, poco tiempo atrás, respondió una requisitoria periodística al respecto con un tranquilo: "Bueno, espionaje hay en todas partes".

Estatal o privado termina siendo una disyuntiva ciega cuando no existe control de gestión ni mínimas exigencias de calidad o transparencia.

Y, cuando esto sucede, no hay juez que pueda enmendar lo que no se ha hecho bien en el plano administrativo.

Pasa el tiempo, y la provincia tropieza una y otra vez con las mismas piedras.

Y el gato juega con su cascabel.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar