VIEDMA (AV)- El juzgado Federal de Viedma se declaró incompetente para investigar las amenazas de la que fue objeto Carlos Lima, una de las víctimas en Río Negro de detenciones ilegales y torturas durante la dictadura militar.
En una entrevista a ambos difundida por "Río Negro" en diciembre pasado, Lima denunció haber sido amenazado por un desconocido que se trasladaba en un auto Corsa negro sin patente en la parte trasera. "No vayan a declarar a Viedma" recordó que le dijo aquel hombre justo antes de que ambos regresaran al juzgado Federal de Viedma para una rueda de personas. Fue en la casa de Lima, en Plottier.
Las víctimas reconocieron al policía Elfio Navarrete como uno de los encargados de sus detenciones ilegales.
Difundida esta entrevista el 16 de diciembre pasado en este diario, el fiscal Federal de Viedma, Fernando Grané, que interviene en la causa que investiga estos hechos de los que resultaron víctimas Daniel Ávalos y Lima, pidió a la jueza Federal de esta capital, Mirta Filipuzzi, una serie de medidas urgentes para que fuera ratificada o no esta denuncia de amenazas que habían ocurrido en Plottier donde vive Lima, quien confirmó lo publicado.
Como esa localidad es jurisdicción de la Justicia Federal de Neuquén, tanto la jueza como el fiscal federales de Viedma, coincidieron en que la investigación de ese hecho debe estar a cargo del juez Federal de la vecina provincia.
En el juzgado Federal de Viedma, que investiga las detenciones ilegales y las torturas que sufrieron Ávalos y Lima durante la dictadura militar, está pendiente la situación procesal de policías y un militar que fueron indagados. Para ello habrá que esperar hasta febrero, teniendo en cuenta que la feria judicial finaliza el 31 de este mes.
Avalos y Lima fueron detenidos ilegalmente en Sierra Grande, donde se desempeñaban como dirigentes de la UOCRA para luego ser trasladados a la comisaría Primera de Viedma y a la escuela de Cadetes de la Policía en esta capital donde permanecieron detenidos un tiempo con los ojos vendados y fueron brutalmente torturados. A tal punto que Lima sufre hoy secuelas de aquellos golpes como una sordera en un oído además de la pérdida de piezas dentarias.
En esta causa la jueza Mirta Filipuzzi debe resolver la situación procesal de varios policías rionegrinos y del coronel Néstor Castelli, el primer interventor de la provincia apenas ocurrido el golpe militar en 1976. Se hizo cargo del gobierno acompañado de efectivos de la escuela de Montaña de Bariloche que hicieron sede en la escuela de Cadetes de la Policía en Viedma donde estuvieron detenidos la mayor parte del tiempo Ávalos y Lima.
Entre los policías de la provincia se encuentran Sixto y Elfio Navarrete, padre e hijo, que fueron mencionados y reconocidos por las víctimas como quienes los detuvieron en forma ilegal y los torturaron en Sierra Grande. Los dos uniformados pertenecían entonces al grupo de Infantería de apoyo a los militares que funcionó en Viedma apenas ocurrido el golpe militar. En el marco de esta causa el último en declarar -en calidad de testigo- fue el ex dirigente de la UOCRA y ex diputado provincial Néstor Romero.
