VIEDMA (AV).- El flamante diputado nacional Juan Carlos Scalesi formalizó en un proyecto legislativo su vieja pretensión impositiva hacia los jueces. Entre sus primeras iniciativas elevadas a la Cámara Baja, el parlamentario impulsó un requerimiento a la Corte Suprema para que disponga el pago del impuesto a las Ganancias de magistrados y funcionarios de la Justicia.
Actualmente, los jueces y los funcionarios de ley -como fiscales, defensores y secretarios- no pagan ese tributo nacional, que grava a las remuneraciones a partir de los 3.346 pesos netos en solteros y de 4.577 pesos en los casados. En Río Negro, los beneficiados oscilan entre 350 y 400.
Desde la conducción de UPCN, Scalesi criticó permanentemente esa prerrogativa para los miembros judiciales. Ahora, insiste en que "sostener este privilegio es inmoral". La iniciativa propone que el Congreso se dirija a la Corte Suprema para "expresar la necesidad de derogar la Acordada Nº 20 del 11 de abril de 1996 por la que se exime del pago del impuesto a las Ganancias a los miembros del Poder Judicial de la Nación". Esta norma se generalizó en las justicias provinciales.
En sus fundamentos, Scalesi recuerda que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aludió a la cuestión, requiriendo que "los jueces paguen el impuesto, como corresponde a todos los ciudadanos".
El Congreso de la Nación -según la ley Nº 24631- derogó la exención del tributo a las ganancias en favor de los miembros del Poder Judicial. Pero la Corte Suprema -según la Acordada 20- sostuvo que "la constitucionalidad de esa norma debía ser examinada" y, después, declaró su inaplicabilidad. Ese beneficio de los jueces después se extendió a los funcionarios judiciales nacionales y provinciales cuyos sueldos fueran iguales o mayores a los de los jueces de primera instancia.
Recuerda el mandato constitucional de igualdad ante la ley que expresa la Constitución Nacional. Y añade: la independencia del Poder Judicial para nada se afecta con la imposición de un impuesto general. Calificada doctrina -destaca el proyecto de Scalesi- sostiene que "cuando se garantiza que los sueldos de los jueces no pueden ser disminuidos en manera alguna, el constituyente originario no quiso decir que esos sueldos se eximan de la tributación fiscal, porque pagar impuestos no es igual a padecer disminución salarial".
En otra parte, el proyecto destaca que "la ley que obliga a tributar ganancias no arremete contra el Poder Judicial ni a ataca la independencia de los jueces, por lo cual no corresponde sostener la Acordada.
