El convenio Nº 169 sobre "Pueblos indígenas y tribales en países independientes", suscripto por la Conferencia General de la OIT y aprobado por la Argentina por ley Nº 24.071 de 1992, los define en el artículo 1.1.a como los que habitan en países independientes y "cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial". En el artículo 1.1.b precisa a dichos pueblos como descendientes "de poblaciones que habitaban el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas". La definición es relevante pues define qué pueblos aborígenes son alcanzados por los derechos consagrados en las reformas de la Constitución nacional de 1994 y la provincial de 2004.

Es importante recordar esos derechos. El artículo 75, inciso 17 expresa: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones". La nueva Constitución neuquina expresa esencialmente lo mismo y compromete que el Estado "promoverá acciones positivas a su favor". Los distintos pueblos originarios, entre ellos los mapuches, han revitalizado sus demandas y luchas a partir de esas trascendentes legislaciones.

¿Y los veranadores del norte neuquino? Los primeros crianceros pospehuenches se instalaron en el Alto Neuquén tan temprano como 1820, con la colonización de los hermanos Pincheira, líderes de la resistencia realista a la naciente república de Chile. Cuando el Ejército argentino llegó en 1879, la trashumancia abarcaba lo que hoy son los departamentos Minas y Ñorquín y parte de Chos Malal y Pehuenches. Compartían el territorio crianceros "blancos" (en realidad criollos mestizados) con pehuenches-mapuches que lo habitaban desde tiempos inmemoriales. La persecución y expropiación a que fueron sometidos estos últimos obligó a muchos a "acristianarse" y a cambiar de apellido (verbigracia Caepi pasó a llamarse Zúñiga), pero no de forma de vida. La trashumancia superó todas las pruebas de la modernidad y es la base de la identidad de una etnia claramente aborigen, tanto porque se constituyó antes de que la soberanía nacional y sus límites se fijaran en la región como porque absorbió a parte de la más antigua etnia pehuenche. Hoy casi 2.000 familias, unas 10.000 personas, viven de la cría ambulante, básicamente de caprinos, con invernadas que, además de los departamentos mencionados, se extendieron hasta Loncopué, Picunches, Zapala y Confluencia.

Los veranadores sufren varios problemas acuciantes por los que han empezado a bregar más o menos organizadamente: la tenencia precaria de la tierra (la mayoría son fiscaleros), la falta de asistencia técnica para mejorar majadas y evitar la erosión de los suelos, la apropiación de sus terrenos por presuntos propietarios que hacen valer títulos obtenidos con posterioridad al asentamiento de los dueños originales, el avance no consensuado de la forestación que arruina las veranadas, la amenaza sobre el ambiente de los proyectos mineros y, en general, el desprecio de la cultura global sobre todo lo vernáculo que se opone al "progreso".

Los resultados de esas luchas serán diversos, dependiendo del poder de movilización y negociación de los veranadores. Si además de la acción corporativa encararan la cuestión de fondo del reconocimiento legal e institucional de su aboriginalidad, de acuerdo a la legislación expuesta, quedarían mejor posicionados. Sus tierras serían no enajenables, el Estado debería asistirlos técnica y económicamente, las inversiones hostiles al medio ambiente deberían ser pactadas con ellos, la trashumancia sería reconocida como un bien intangible y el sistema educativo debería incluir la enseñanza de su historia y cultura.

Uno de muchos antecedentes relevantes: los Metis de Canadá son un pueblo que nació de la cruza de cazadores franceses y mujeres Cree y Ojibwa, que ha luchado desde 1810 por sus derechos. Lograron paulatinamente sus reclamos y hoy son reconocidos plenamente como etnia originaria, con todos los beneficios que constitucionalmente ello implica.

En julio del año pasado la Mesa Campesina se manifestó en Chos Malal. Solicitando la mensura y titularidad de sus campos, cientos de crianceros teatralizaron un arreo, instalaron un "rial" frente a la delegación de Tierras donde gustaron ñaco, mate y chupilca, las cantoras entonaron sus décimas y todos bailaron la cueca. La gente pueblerina no salía de su asombro. Habrá que acostumbrarse, fue el anticipo de una gesta que tomará dimensiones provinciales, hasta que los veranadores obtengan sus plenos derechos (ab)originales.

LUIS FELIPE SAPAG (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Ingeniero, magister y profesor de Economía de UTN. Ponencia realizada en el marco de la tesis de doctorado, en curso, en Ciencias Sociales.