El controvertido decreto 227/05 se originó en una iniciativa privada presentada por la empresa Profesionales Patagónicos Asociados SRL, declarada de interés público por la comisión creada por ley 3484.

El decreto adjudica a esa firma -integrada por Hugo Mortada y Orlando Moreno- la gestión de cobro de servidumbres y daños derivados de la actividad hidrocarburífera en tierras fiscales ubicadas en el departamento de General Roca. Señala que esa gestión deberá servir a la generación de proyectos de desarrollo productivo en áreas rurales deprimidas con una parte de los fondos que se obtengan y para el desarrollo de un programa de regularización de tierras fiscales provinciales dentro del referido departamento.

El contrato con la empresa fue firmado por el gobernador Miguel Saiz.

Tanto Moreno como Hugo Mortada ingresaron al staff del Consejo de Planificación del municipio roquense durante el período en que el actual gobernador Saiz fue intendente. Antes, Mortada había compartido el estudio jurídico con el mandatario, e integró también el Comité Roca de la UCR.

En varios juicios se reclamó la inconstitucional del decreto -hasta ahora sin resolución-, por considerar que viola la ley de Tierras y los derechos de propiedad de los ocupantes que cumplen los requisitos para obtener el título de las tierras.

Además, se presentó una denuncia penal contra el gobernador Miguel Saiz y su director de Tierras, Belacín, suscripta por unos 20 productores rurales -patrocinados por el abogado Cardín-. En ella se alega la "venta de inmuebles bajo la condición de adherir al decreto 227/05", cláusula de objeto ilícito y prohibido, emanada de autoridades incompetentes para decidir sobre fondos cuya titularidad corresponde a los ocupantes fiscaleros y sobre los cuales el Estado no tiene derecho de decidir. También se alega incumplimiento de deberes.