Si existió una falta hay que pagarla. Al Capone cayó preso porque no abonaba los impuestos y no por cometer otros delitos de los que estaba sospechado".

La frase citada se escuchó esta semana en la Legislatura y salió de la boca de un diputado de la oposición que, con esta comparación, se refirió al tema que ya domina la Cámara y que se perfila como eje de debate en el 2008: el pedido de juicio político para tres de los cinco vocales de un Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que fue integrado completamente durante la gestión del sobischismo, en medio de escándalos y de denuncias de influencias del poder político.

Nadie puede asegurar hoy que vaya a prosperar el planteo que formuló el gremio que agrupa a los empleados judiciales, Sejun, que llevó el caso hasta esta instancia a partir de una acordada del TSJ que autorizó a tres vocales a cobrar un atractivo plus salarial por las tareas desarrolladas en la junta electoral provincial en las elecciones de gobernador realizadas el 3 de junio último.

El sindicato impulsó el pedido de juicio contra Felipe Cía, Eduardo Badano y Jorge Sommariva, luego de que el TSJ rechazara un reclamo salarial. La dirigencia de Sejun exigió un pago extraordinario del aguinaldo, pero desde la conducción del Poder Judicial le respondieron que no harían ningún aporte extraordinario.

Muchos se preguntan si la dirigencia del sindicato habría actuado con tanto entusiasmo con el planteo del juicio político de haber obtenido un aguinaldo completo antes de las fiestas de fin de año.

Este diario divulgó, con bastante anticipación al planteo que realizó el gremio, el cobro de estos adicionales por parte de los tres vocales mencionados. Pero la noticia no movilizó, en ese momento, a ningún sector. Ahora con el caso se intenta llegar a la máxima instancia juzgatoria, tras el cambio de gobierno y en medio de un planteo salarial.

El juicio político deberá ser evaluado por dos comisiones que se reunirán en plenario en marzo del año próximo, después del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias que comenzará el 1 de ese mes.

Es probable que por la comisión desfilen los promotores del planteo contra los vocales y también los jueces involucrados en la denuncia que percibieron el plus salarial concedido por la tarea desarrollada en la junta electoral.

Para algunos diputados esto no debería suceder. Consideran que someter a las partes a preguntas dentro de la comisión sería equivalente a iniciar el juicio. Las comisiones, argumentan los legisladores que piensan de este modo, deben dedicarse exclusivamente a evaluar la viabilidad del planteo. Y de prosperar el caso, en el recinto se conformarán las salas acusadora y juzgadora que son las creadas por la Constitución en el artículo 266 para llevar adelante el juicio político.

Se sabe que en la cúpula del Poder Judicial existe mucha preocupación por la evolución de este planteo. Entre los legisladores de los bloques con mayor peso se observa una tendencia a moverse con prudencia. Hay cierto consenso para trabajar el tema sin estridencias con el fin de evitar interpretaciones como las que ya circulan. Alrededor del juicio político sobrevuela la hipótesis de la revancha, una versión atribuida al sector del Poder Judicial que ganó posiciones durante la anterior gestión de gobierno y que puede perderlas si se inicia un nuevo proceso de recambio.

Desde el TSJ están observando quiénes son los legisladores que integran las comisiones que analizarán el proyecto. Están estudiando cómo será el escenario de la batalla, si es que finalmente se libra.

El oficialismo tiene el sí

La llave para que este juicio prospere la tiene el bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Un diputado de la oposición dijo esta semana que si los vocales van al banquillo de los acusados es una responsabilidad "exclusiva" del oficialismo. "Para eso reformularon el reglamento y se quedaron con el control de todos los mecanismos internos de funcionamiento legislativo", razonó el legislador que tiene llegada a la corporación judicial.

El MPN tiene intenciones de estudiar el planteo. Es una señal de advertencia hacia los vocales del TSJ, pero hasta aquí no parece ser más que eso.

También tiene chance de ampliar la denuncia. Desde la oposición ya le dieron el argumento: ¿por qué llevar a juicio a los tres vocales que cobraron si la autorización forma parte de una acordada firmada por los cinco vocales del TSJ?

"Vamos a llegar hasta donde haya que llegar", dijo un legislador del MPN con tono de advertencia. Pero a continuación aclaró: "Hay que analizar si la falta que contiene la denuncia meritúa este proceso, porque se debe proteger la institución del juicio político", agregó el mismo vocero del partido provincial.

El planteo de Sejun navega en la escala del gris entre los bloques que tienen poder como para seguir adelante o enterrar el pedido del sindicato.

Para algunos que ven con entusiasmo una posibilidad de cambio en la gestión de Jorge Sapag, el simple hecho de analizar la petición de juicio político representa un avance importante. Los que así piensan lo comparan con el poco aprecio por la división de poderes que hubo durante la etapa del sobischismo.

Para otros, los pasos dados no representan más que una lucha de poder del partido provincial, donde Sejun, un sindicato que supo estar referenciado en el MPN, fue el vehículo de un planteo que deja en manos del gobierno un arma cargada.

En caso de remover a los vocales, Sapag tendría la posibilidad de impulsar designaciones en el TSJ.

En tren de especulaciones, podría suceder que intentara ir por los tres puestos o negociar alguno con la principal fuerza opositora.

El debate quedó abierto a poco de andar la nueva gestión de gobierno.

Todos saben que los meses por venir serán de tensión entre los poderes del Estado.

GERARDO BILARDO

gbilardo@rionegro.com.ar