Muchos que se aseveran preocupados por la extrema desigualdad, tan característica tanto de la Argentina actual como de todos los países latinoamericanos -la región es desde hace mucho tiempo la menos equitativa del mundo cuando se comparan los ingresos del diez por ciento mejor ubicado con los del diez por ciento más pobre-, creen que la solución consiste en la redistribución de la riqueza. Si fuera tan sencillo, la democratización que siguió al repliegue de las dictaduras militares de los años setenta hubiera servido para hacer de América Latina un dechado de igualdad, puesto que en todos los países de la región han sido tantos los pobres que podrían haber obligado a los gobiernos elegidos a tomar medidas en tal sentido. No lo han hecho porque los más entienden muy bien que las consecuencias de depauperar a quienes pueden permitirse un nivel de vida decoroso serían nefastas para todos, en especial para los pobres mismos, que en seguida perderían sus fuentes de ingresos. Aunque suena hipócrita hablar de "nivelar hacia arriba", la experiencia internacional ha mostrado que en verdad es mucho más realista que la alternativa preferida por quienes están menos interesados en mejorar la situación económica de los rezagados que en castigar a los considerados ricos. A la larga, pues, una política seria encaminada a reducir las diferencias económicas groseras que son típicas de todos los países latinoamericanos se basaría en un gran esfuerzo educativo. Si bien en el discurso con el que inauguró su gestión la presidenta dejó saber que era plenamente consciente de la importancia de la educación, los beneficios de las eventuales reformas que consiga impulsar tardarían en producir resultados concretos.

En el corto plazo, los igualitarios sinceros tendrían que dar prioridad a la lucha contra la inflación, un fenómeno que siempre perjudica más a quienes dependen de ingresos que apenas sirven para asegurar su supervivencia y que por lo tanto tienen que modificar sus pautas de consumo toda vez que aumenta el precio de un bien determinado. Según la Asociación de Defensa del Consumidor (Adelco), en el 2007 el precio de la llamada canasta básica aumentó el 30%, lo que significa que la supuesta reducción de la pobreza y la indigencia en el país de la que alardea el gobierno no se verificó, ya que nadie supone que los ingresos de la mayoría se hayan incrementado todavía más. De estar en lo cierto la Adelco, cayó el poder de compra de los sectores más necesitados, lo que no hubiera sido el caso si, como afirman los responsables de las cifras difundidas por el INDEC, en el mismo período el costo de vida subió menos del 10%.

Por desgracia, parecería que para conservar su trabajo el ministro de Economía, Martín Lousteau, se ha sentido constreñido a afirmar que a su juicio la inflación no es preocupante. Si Lousteau realmente cree en sus propias palabras y actúa en consecuencia, son alarmantes las perspectivas ante la mitad de la población que vive ya por debajo de la línea oficial de pobreza o ya muy poco por encima de ella, porque el aumento constante de los precios de los bienes imprescindibles continuará erosionando sus ingresos.