En vista de que todo hace prever que en los próximos años el terrorismo no estatal se intensificará, son muchos los juristas internacionales que están tratando de establecer un marco legal que permita que sea combatido con más eficacia. Al modificarse la realidad, han tenido que ampliar la definición de lo que debería calificarse de crímenes de lesa humanidad para incluir, como reza el Estatuto de Roma de la Corte Penal Europea, los ataques "contra la población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización para promover esta política". Por lo demás, si bien Montoneros jamás fue equiparable con un Estado, disfrutaba del apoyo de Estados extranjeros como Cuba y algunas dictaduras del Medio Oriente.

En los años setenta, la voluntad de nuestros tribunales de minimizar la importancia de los delitos cometidos por las bandas terroristas, como si sólo se tratara de travesuras juveniles, virtualmente aseguró que los resueltos a aplastarlas optaran por hacerlo sin prestar atención alguna a la ley. Conscientes de que hasta los asesinos condenados podrían beneficiarse en cualquier momento de una amnistía por ser considerados "presos políticos", decidieron que sería inútil esperar que jueces ya intimidados, ya politizados, los trataran con la severidad exigida por las circunstancias, razón por la cual fue inevitable que el conflicto culminara en una "guerra sucia" cruenta. Puede que sea muy poco probable que en los años próximos el país se vea asolado nuevamente por terroristas mesiánicos que se crean con derecho a cometer atentados sin preocuparse por la identidad de las víctimas, pero en el caso de que el flagelo reapareciera la reacción sería similar a la del gobierno del presidente Juan Domingo Perón y su esposa primero y finalmente de la dictadura militar, porque la falta de confianza en la Justicia siempre crea un vacío que se verá llenado por la violencia apenas discriminada.

La política de derechos humanos de la que se enorgullece el gobierno kirchnerista está viciada por el contraste llamativo entre la voluntad de perseguir a todos los militares, policías y otros que participaron de la represión ilegal por un lado y, por el otro, la solidaridad con los ex integrantes de Montoneros y otras organizaciones del mismo tipo. Es por eso que, a ojos de muchos, la campaña vigorosa contra quienes cometieron crímenes horrendos al servicio del régimen militar tiene más que ver con la sed de venganza de los vinculados emotivamente con los terroristas que con el deseo de que por fin impere la Justicia en nuestro país. Aun cuando según la legislación vigente sea correcto que la Cámara Federal haya permitido que sigan sueltos personajes culpables de perpetrar hace más de 30 años atrocidades tan aberrantes como las cometidas por la dictadura -entre ellos, el atentado contra una oficina de la Policía Federal en que murieron 24 personas y 60 quedaron heridas que dio pie al fallo-, el gobierno por lo menos podría tener la decencia de demostrar que esto no quiere decir que sienta simpatía alguna por los capaces de actuar así, despidiéndolos de los puestos oficiales que ocupan y alejándolos definitivamente del entorno presidencial.