La defensa del médico Pedro Mazzoleni presentó ayer la apelación a la medida dispuesta por la Cámara Tercera del Crimen, que decidió declarar la nulidad del segundo sobreseimiento dictado por el juez de Instrucción Nº8 Juan Torres, en la causa por la cual se intenta establecer si existieron maniobras fraudulentas durante la gestión del profesional al frente de la Federación Médica de Río Negro.

La información fue confirmada ayer por el abogado Oscar Pandolfi, quien calificó como un "capricho gremial" que el proceso todavía tenga continuidad en los tribunales penales.

Y en este sentido explicó que el propio asesor legal de la Federación Médica había presentado -a principios de año- un escrito para alcanzar un acuerdo ya que su cliente se ofreció a abonar los intereses más el capital del cuestionado préstamo aunque esta propuesta no pudo avanzar por la negativa de un Colegio Médico a cerrar el convenio.

Justamente éste fue uno de los principales ejes del recurso de casación presentado ayer en los tribunales, donde Pandolfi deja en claro que Mazzoleni intentó a abonar la deuda que al momento de producirse el préstamo en el año 1999, alcanzaba los 150 mil pesos.

"Un acto contrario a los estatutos no se transforma en un delito. Nunca se aclaró que fuera doloso", dijo Pandolfi al ser consultado sobre la operación que finalmente derivó en una denuncia penal.

Los cuestionamientos del penalista también estuvieron direccionados hacia los jueces Aldo Rolando, Carlos Vila y Carlos Gauna Kroeger quienes el 13 de diciembre dieron a conocer una resolución donde declararon la nulidad del sobreseimiento de los médicos Pedro Mazzoleni y Alejandro Scafidi, del asesor legal Roberto Navarro y de Guillermo Pons, quien se desempeñaba como asesor contable.

"Es un error grosero nunca pueden anular el fallo de un juez de Instrucción", dijo el letrado.

Los camaristas no sólo decidieron anular el sobreseimiento sino que también separaron al juez Juan Torres de la investigación al considerar que tuvo una "valoración parcial, fragmentaria, aislada e inexplicablemente direccionada", de las pruebas que obran en el expediente.

Ahora, serán los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) quienes deberán decidir finalmente si hacen lugar o no al recurso de casación elevado por el abogado de Cipolletti en la causa que comenzó a investigarse en el año 2004, tras la denuncia presentada por la nueva comisión directiva de esa entidad.