NEUQUÉN (ACE-AN).- El juez federal Guillermo Labate elevó ayer a juicio oral y público a tres represores que actuaron durante la dictadura en Neuquén. Todos son militares retirados, los procesaron por delitos de lesa humanidad y están detenidos desde abril, con un embargo de un millón de pesos cada uno.
Los expedientes serán girados hoy al Tribunal Oral Federal para que establezca la fecha de las audiencias, luego de la lectura de la documentación. Este proceso no llevaría menos de dos meses.
Los tres primeros procesados llevados a juicio oral en la región son el general (R) Enrique Braulio Olea (76 años), el teniente coronel (R) Oscar Lorenzo Reinhold (72); y el mayor (R) Luis Alberto Farías Barrera (77). Los primeros dos están en prisión domiciliaria en Buenos Aires -uno en Pilar y otro en capital-; en tanto Farías Barrera cumple la preventiva en su vivienda de Alta Barda.
A los tres se los acusó de 10 privaciones ilegítimas de la libertad, cinco tormentos agravados, además de ser partícipes de una asociación ilícita, se les imputó un robo y allanamiento ilegal; entre otros cargos.
Fueron considerados por Labate responsables de delitos de "lesa humanidad" y de "genocidio dentro del plan sistemático" en la argumentación de la resolución, aunque según lo explicó el juez "como el Estado Argentino no ha tipificado" el delito, no acusó por genocidio en la elevación al Tribunal Oral.
"El plan sistemático eran las torturas, los interrogatorios, los secuestros, los tormentos y la desaparición física en mucho de los casos", describió el juez, quien aclaró que referenciaba una situación procesal "que ya está probado en otras causas".
"Entiendo que este plan sistemático importó un genocidio de los más graves que se vivió en todo el país", dijo Labate en una resolución cuya argumentación llegó a las 200 fojas.
A Olea, Reinhold y Farías Barrera los responsabilizó por el secuestro y las torturas sufridas por 14 sobrevivientes y un desaparecido (Oscar Ragni) en el centro clandestino "La Escuelita", que funcionó en las inmediaciones del Batallón de Neuquén capital.
Estos tres militares están procesados también por su responsabilidad en los hechos ocurridos por otras dos sobrevivientes, en una investigación denominada "segundo tramo" y en el que están procesados por los mismos 17 casos cuatro militares retirados del área de inteligencia y un médico acusado de supervisar los tormentos.
Olea era en 1976 el jefe del batallón desde donde se proveía el alimento para los guardias especializados que tenía el centro clandestino, y ordenó remodelaciones tendientes al funcionamiento de un ex matadero para acondicionarlo a una prisión clandestina.
Reinhold era el jefe de Inteligencia del Comando en le período investigado y la investigación tiene por demostrado que establecía quién sería llevado al centro de torturas y que definía junto a otros jefes operativos el egreso, o traslado de las víctimas, o su destino final.
En el caso de Farías Barrera -que era Jefe operativo de Personal- era el encargado del traslado de los detenidos hacia el centro de torturas y desde la detención clandestina hacia el lugar donde eran liberados o trasladados; en tanto existen pruebas y testimonios que dieron cuenta -durante la instrucción- de que permaneció dentro de "La Escuelita" en el momento en que varios de los sobrevivientes permanecían vendados y atados con grilletes a las camas.
