BOGOTÁ/CARACAS- El gobierno venezolano mantenía hermetismo acerca de la eventual liberación de tres rehenes de las guerrillas colombianas, que podría retrasarse hasta Año Nuevo, mientras desde Bogotá los familiares multiplicaron sus mensajes a cautivos y captores.

El presidente de Venezuela Hugo Chávez, luego de una semana de gira en Uruguay y Cuba, llegó a Caracas la madrugada de ayer para afinar detalles del plan para recibir a los liberados en lo que calificó como una "operación delicada".

Según un aversión aparecida anoche en medios colombianos y venezolanos, la anunciada liberación de los cautivos de las FARC, prometida por esta organización para antes de la Nochebuena , se realizará en realidad "poco antes del 1 de enero".

La versión indica que la eventual demora se debe a que existen dificultades para la entrega de los rehenes por parte de las FARC "porque los militares y cuerpos de seguridad de Colombia no son confiables", afirmó el diario venezolano Vea.

Según el periódico, que basó su información en fuentes de inteligencia a las que no identificó, Clara Rojas, su hijo Emmanuel y la ex diputada Consuelo González de Perdomo "estarán en territorio venezolano poco antes del 1 de enero".

Las FARC dijeron que los rehenes serían entregados a Chávez o a quien él designara. El anuncio provocó conmoción y el mandatario venezolano calificó la noticia como un excelente regalo de Navidad para los familiares. Sin embargo, la senadora colombiana Piedad Córdoba dijo en Caracas que la liberación podría retrasarse por la persistencia de operativos de las tropas de Bogotá.

"Hay muchos operativos en el país (Colombia), no los van a suspender y puede dar lugar a que de pronto se pueda atrasar (la liberación)", dijo la senadora quien junto a Chávez oficiaron de mediadores para un canje humanitario en Colombia, en una labor que fue suspendida por el presidente Álvaro Uribe a mediados de noviembre.

El gobierno colombiano rechazó tajantemente estas declaraciones. "No hay ningún tipo de operación militar orientada a impedir que los secuestrados sean puestos en libertad", aseguró el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo.

Las fuerzas armadas y policía de Colombia realizan en forma continua operaciones militares contra los grupos insurgentes que operan en varios sectores del país. El gobierno en ningún momento informó sobre una eventual orden de alto el fuego.

En Venezuela, la zona fronteriza se mantenía sin mayor despliegue militar. A la entrada de la población de Guasdualito (500 km al sureste de Caracas), en el estado Apure, sólo se mantiene la habitual alcabala militar con tres efectivos custodiándola, comprobó la AFP.

Un panorama similar se registraba en el estado Barinas, cuyo gobernador es Hugo de los Reyes Chávez, padre del primer mandatario, y donde también se especula con que puedan ser liberados los rehenes. No obstante, la mayoría de los efectivos asignados a las unidades militares de la zona fronteriza permanecían en los cuarteles, lo que no es usual en la víspera de la Nochebuena.

Sin embargo, pese a la cercanía de la Navidad, la mayoría de los oficiales asignados a la zona fronteriza permanecen aún en sus destacamentos, señaló una fuente militar.

En Bogotá cientos de familiares de secuestrados de la guerrilla cumplieron una madrugada de vigilia desde el centro histórico, transmitida por radio para que fuese escuchada por los rehenes. Entre los asistentes al acto estuvieron las hijas de la ex congresista Consuelo González.

Desde el viernes, los servicios de seguridad de Venezuela estaban alerta ante una eventual liberación.

Fuentes cercanas al gobierno venezolano señalaron a la AFP que la liberación podría ocurrir en la zona de la frontera entre ambos países y que probablemente los rehenes serían recibidos por un emisario de Chávez que los trasladaría a Caracas.

Los rehenes a ser liberados forman parte del grupo de 45 secuestrados que las FARC, que dispone de unos 17.000 miembros, quiere intercambiar por unos 500 guerrilleros presos. Entre los canjeables figuran la franco-colombiana Betancourt, tres estadounidenses contratistas del departamento de Estado, así como decenas de policías, militares y políticos.

(AFP/AP/DPA)