NEUQUÉN (ACC)- Una vía de diálogo se abrió entre una compañía petrolera y los integrantes de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufú, luego de una reunión que encabezó el sábado el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Se aguarda que el miércoles haya un nuevo encuentro donde se firmará un acta acuerdo en el que se fijarán las pautas a trabajar.

El sábado, en Casa de Gobierno se concretó una reunión entre representantes de la empresa Petrolera Piedra del Águila, la familia Curruhuinca, integrantes de la Confederación Mapuche, legisladores y autoridades locales.

"Brindamos un canal de comunicación que no tenían para encontrar una solución a este conflicto que se había tornado con episodios de tensión", manifestó en diálogo con este diario el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. Luego, mencionó que "el gobierno ofreció el espacio de mediación para tutelar a las dos partes".

Así fue que se acordó la formación de una comisión mixta para que se elabore el estudio de impacto cultural y de impacto ambiental. El miércoles, a las 10, se firmará el acta acuerdo entre todos los representantes que están involucrados en este conflicto.

La idea es que el comité esté al tanto de las actividades que se cumplan en el área de explotación y que a la vez, se pueda tener acceso a los estudios de impacto ambiental realizados. En tanto se busca que la empresa pueda avanzar con los trabajos de prospección, y que se busque el resguardo de la seguridad de personas y bienes.

Del encuentro participó la legisladora Soledad Martínez, los miembros de la familia Curruhuinca que forman la comunidad mapuche, el intendente de Picún Leufú, concejales, y los representantes de la confederación mapuche. El conflicto entre la compañía petrolera y la familia Curruhuinca no es nuevo y a medida que se profundizó fueron más las partes involucradas. La situación de tensión pasó del paraje Sierra León, a unos 15 kilómetros de Picún Leufú, a la propia comunidad.

Es porque los vecinos de la localidad se pusieron en contra de la comunidad mapuche, porque sostenían que al no permitirse el acceso a trabajar a la petrolera se vulneraban sus posibilidades de ingresar a ocupar un puesto en la compañía. El inconveniente generó la movilización de autoridades y entidades intermedias también, además de las dos partes involucradas.