Confiado, el intendente Jorge Ferreira no espera represalias gubernamentales por la ocurrencia de decir lo que pensaba del gobierno provincial.

Sorprendió a más de uno que el jefe comunal se quejara de que el gobernador Miguel Saiz no renueve los vínculos con los jefes territoriales al momento de discutir políticas, el poder de cada región, y finalmente opinar sobre la conformación del gabinete provincial.

La contundente aseveración sobre que el mandatario provincial tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, le sirvió para desligarse de todo tipo de riesgo que pueda contraer la futura gestión en los cuatro años que se avecinan.

Quienes conocen al intendente, lo siguen de cerca para analizar el marco político y cómo repercutían esas declaraciones; mencionan que Ferreira tenía dos opciones: ser más conservador y callar, o bien fijar una posición sincera.

"No hay nada que ocultar, y además Ferreira no pegó ningún portazo armando una nuevo sector político. Así nadie le reprochará nada, ni siquiera que tenga problemas personales con el gobernador porque no los hay", aseveraron su allegados al defender la posición.

Existe sí una idea subyacente. Avanzar hasta donde se pudo con las críticas porque hay cuatro años por delante de convivencia, aunque el camino sean pétalos de rosas sin espinas ya que internamente la amplia mayoría en el Concejo Deliberante le favorecen en forma holgada.

La intención -según las conversaciones del fin de semana- fueron mirar hacia adelante con los cambios políticos. La "chapa" es un nuevo organigrama municipal fusionando carteras -como Hacienda y Desarrollo Económico- para exhibir gastos prolijos y demostrar que la recaudación propia tendrá para el año próximo un promedio mensual del 57% de cobro sobre el universo de unos 20.000 contribuyentes.

Los esbozos políticos también fueron parte del patrimonio opositor aunque los números en el Deliberante sean esquivos para el sector. El posicionamiento político, con algunas señales de alerta, fue protagonizado por el concejal del ARI. Ariel Gallinger, cuando dio a conocer su discutido proyecto de ordenar el tránsito en la ciudad.

La propuesta la formuló en un pequeño recinto del edificio parlamentario para mostrar la falta de espacio que tiene el trabajo político de los bloques. Esas condiciones de trabajo, a su criterio, son sinónimo de "desvalorización institucional" del cuerpo.

Puso como ejemplo que hacer las cosas en serio se ven dificultades por el hecho de tener que realizar tareas al lado de una caldera, e incluso mencionó que la estrechez en el edificio también perjudica al oficialismo no tiene demasiado margen de maniobra. Advirtió sobre cuál es el contexto que los limita. "La sociedad, cuando juzga la labor de los concejales, también debe valorar las condiciones en las que se desarrollan las tareas y merituar todos esos elementos".

El concejal no hizo más que recordar los años en que toda la tarea del Estado municipal tiene un plus en los factores de riesgo. La ciudad no cuenta con edificio propio porque el que forma parte de su patrimonio en pleno centro no reúne las condiciones edilicias y debe ser reparado en su integralidad. Vive de los alquileres y encima el propietario del edificio principal -Vialidad Nacional- acaba de ganarle un juicio por falta de pago en tiempo y forma.

ENRIQUE CAMINO

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