Tras la muerte por envenenamiento del represor Héctor Febres, que cumplía prisión preventiva en una sede de la Prefectura Naval, la Justicia ordenó ayer el traslado a cárceles comunes de los ex capitanes navales Alfredo Astiz y Jorge Acosta y de otros ex miembros de la Esma procesados por crímenes de lesa humanidad.
Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia rehusó otorgar la libertad al ex capitán Hugo César Espeche y al ex coronel Carlos Alberto Mulhall, detenidos por la ejecución de once presos políticos perpetrada el 6 de julio de 1976 en el pasaje "Las Palomitas" de Salta, en el noroeste argentino.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta había denegado la excarcelación a los acusados, que recurrieron en queja a la Corte de la Nación, la cual rechazó ayer los planteos por considerarlos improcedentes.
Mientras, el juez federal Sergio Torres, que conduce la causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Esma en la dictadura del período 1976-83, ordenó trasladar a penitenciarías a los militares a los que se había otorgado el beneficio de cumplir prisión preventiva en dependencias especiales.
Frente a "los sucesos ocurridos recientemente" resulta "necesario modificar el esquema" de arrestos, escribió Torres al justificar la decisión de alojar a militares en establecimientos carcelarios y evitar, así, desenlaces como el que tuvo Febres, que apareció muerto cuatro días antes de la fecha en que la Justicia iba a dictar sentencia en el juicio que afrontaba por torturas a prisioneros de la dictadura.
Febres, al igual que Astiz y otros acusados, estaba alojado en dependencias de la Prefectura y gozaba de las comodidades de un departamento, lo que le permitía recibir visitas sin restricciones y compartir comidas con sus familiares y amigos.
La autopsia efectuada al cuerpo de Febres acreditó la presencia de una alta cantidad de cianuro en el organismo y actualmente se encuentran detenidas su esposa y dos hijos, que compartieron la última cena de la víctima.
(DyN/Télam)
