NEUQUÉN (AN).- "Si no fuera por mí, la Isla 132 sería otra toma de la ciudad de Neuquén. Me han robado caballos, los botes y siempre me mantuve en el lugar al cual me designaron. No es verdad que la municipalidad me haya ofrecido algo serio, siempre decían que sí, que me iban a dar, y nunca me dieron nada".

Miguel Ernesto Labrín es el ex empleado de la municipalidad de Neuquén por cuyo desalojo de la Isla 132 el juez Juan Marcelo Medori estableció honorarios por 14.000 pesos que -apenas dos semanas más tarde- elevó a 12.000.000 aunque finalmente volvió sobre sus pasos. Por el caso, que se conoció a partir de una investigación de "Río Negro", el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenó al auditor del Poder Judicial que investigue el accionar del Medori.

Labrín afirma que el caso de la Isla 132 "es un problema para mí, porque perdí todo, porque me hacen pasar por usurpador y porque hay gente que cree que estaba entre los que iban a cobrar. Pedía un resarcimiento porque durante los años que estuve ahí cuidando yo seguí haciendo otras tareas, limpiando el balneario, forestando o trabajando en el taller. Tenía una doble función", afirmó el ex empleado de la municipalidad de Neuquén.

"Esta era una torta muy grande de la que iban a comer unos cuantos", sostuvo sobre los honorarios. Y enseguida explicó que desde que lo designaron al cuidado de la Isla -la médula del Paseo de la Costa- "siempre cumplí mis obligaciones y mientras tenía otras nunca dejé de hacer la custodia", aseguró.

"Estuve 15 años ahí, es cierto que tenía otra casa, que era chica y que se me hacía poca para los ocho hijos; fueron años muy duros donde nunca me dieron un peso extra y gracias a mi trabajo evité que se hiciera una toma.

Cuando me dijeron que tenía que dejar la casa, pedí dos habitaciones y un baño y lo máximo que me daban era un garaje, como si fuera un cajón. No es verdad lo que dice el doctor (Marcelo) Gamarra", aseguró Labrín.

Gamarra era, por entonces, el abogado de la municipalidad pero representando a Cordineu -una corporación de integración mixta entre la comuna y la provincia- actuó en la causa por el desalojo del inmueble.

"Nunca hubo intención de arreglar mi situación, lo que querían era que el juicio siguiera para cobrar los honorarios", afirmó.

A mediados del 2003, Medori ordenó el desalojo de la isla y le dio diez días a Labrín para que se fuera. El ocupante se fue y el caso parecía cerrado. Pero este año, Gamarra y el perito tasador Ángel Wálter pidieron que se modifique la regulación de honorarios. Desde que la noticia sobre vaivén de los honorarios se publicó en este diario "me han llamado de la fiscalía de Estado, me dicen que me quiero hacer rico, que yo también estaba 'entongado' y no es así. Yo no soy un usurpador, soy una víctima porque me despidieron como a un perro" concluyó Labrín.