VIEDMA (AV).- La Legislatura convocará a los colegios de abogados y otras asociaciones para debatir esta semana algunas reformas del sistema de selección de jueces, que -seguramente- será aprobado en la sesión del jueves.

La posición de los colegios todavía no parece definida y se presenta como dispersa. Roca anticipó su oposición general al proyecto y Cipolletti había acompañado ese rechazo. Pero, la entidad cipoleña resolvió el viernes su apoyo porque su "tratamiento es importante". Su presidente, Juan Alesandrini, explicó a "Río Negro" que su firma en la nota remitida a los bloques fue de "solidaridad por el pedido del Colegio de Roca pero, ahora, después de la reunión, se decidió acompañar su inmediata aprobación porque las modificaciones bien pueden incluirse en la propia reglamentación de la ley".

Mañana, la comisión de Constitucionales definirá si el proyecto tendrá tratamiento en segunda vuelta en la sesión del jueves. La Legislatura aprobó por unanimidad la iniciativa en primera vuelta.

El oficialismo convocaría hoy a los colegios de abogados y otras entidades para escuchar sus opiniones y observaciones. Por caso, se llamaría a la Fundación Alternativa Popular, que preside Juan Chirinos. Esta entidad presentó oportunamente un amparo contra el actual sistema de elección de jueces, cuestionándolo porque se realiza sin concursos.

Esa fundación respalda el régimen de selección pero tendría observaciones a la iniciativa en tratamiento.

Entre otros, los puntajes asignados al examen, oposición y entrevistas originan los principales debates, y también la conformación de los jurados. Salvo estos análisis, nadie parece demasiado decidido a rechazar este mecanismo de selección, que registra coincidencias en el Poder Judicial y los restantes Poderes.

Habrá una comisión Evaluadora, integrada por tres miembros, uno por los abogados de las cuatro circunscripciones, uno por la Legislatura y el tercero de la Justicia.

Los concursos de oposición requerirán un Jurado Examinador, que presidirá el presidente del STJ, y los restantes saldrán de una lista de examinadores que elaborará anualmente el presidente del Consejo de la Magistratura.

No podrán integrar el jurado quienes tengan su domicilio profesional en la jurisdicción donde se produzca la vacante.

Los aspirantes son evaluados con un máximo de 100 puntos, según la siguiente asignación máxima: 20 puntos por la evaluación de antecedentes, 40 puntos por examen de oposición y 40 puntos por entrevista personal.

Además, este sistema deberá utilizarse con las vacantes en los cargos de funcionarios y magistrados judiciales que no hayan sido resueltos por el Consejo de la Magistratura.

Los inscriptos tendrán un plazo de 10 días para ratificar su inscripción.