LA PLATA (Télam).- Los alegatos del juicio oral a ocho personas acusadas de haber participado del secuestro y homicidio del adolescente Diego Peralta, cometido en julio del 2002, comenzarán hoy con los argumentos de la querella, que pedirá reclusión perpetua para cuatro de los imputados. Luego del alegato José Vera, abogado de la familia Peralta, será el turno de la fiscalía de juicio y, por último y si el tiempo lo permite, de las defensas.

La audiencia comenzará hoy a las 10 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata y continuará el martes a las 9 en el edificio judicial ubicado en calles 8, entre 50 y 51, cuando se calcula que se dará a conocer el veredicto.

El tribunal, el mismo que condenó a reclusión perpetua al represor Miguel Etchecolatz y al ex capellán Cristian Von Wernich, dispuso para hoy un fuerte dispositivo de seguridad ya que en las últimas dos audiencias hubo algunos incidentes con una persona del público y un testigo de identidad reservada.

El TOF también dispuso que los medios televisivos y radiales puedan transmitir en vivo y en directo todos los alegatos.

Vera adelantó que pedirá que los imputados Marcelo "Chelo" Cejas, Julio César Rotella, David "Chaca" Pereyra y Rosa Pistillo, alias "La Gorda Rosita", la pena de reclusión perpetua. Para la querella, estos cuatro imputados son coautores de los delitos de "secuestro extorsivo seguido de muerte" y "homicidio calificado por alevosía y ensañamiento".

Para los acusados Enrique "Baty" Báez, Lauro "El Chino" Shimabukuro y el remisero Fermín Amarilla, el letrado pedirá penas de 15 años de cárcel por considerarlos partícipes del secuestro extorsivo de Diego Peralta. En tanto, Vera solicitará que el imputado José Pablo García sea condenado a seis años y medio de prisión por el delito de "tentativa de extorsión".

Además, el letrado pedirá al TOF, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo, que se extraigan copias del expediente y sean remitidos a la fiscalía en turno para que se investigue a efectivos policiales por encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público. Es que para la querella, los policías que intervinieron en la causa en julio del 2002, tuvieron fallas en varios tramos de la investigación.