El camino que eligió el oficialismo para modificar el sistema de selección de jueces y funcionarios provocó una fuerte oposición de los colegios de abogados de Río Negro, que criticaron el proyecto aprobado en primera vuelta y anticiparon una postura más rígida si la semana próxima se intenta la sanción definitiva de la ley sin cambios.
Las entidades que representan a los profesionales en la Segunda, Tercera y Cuarta circunscripción emitieron ayer documento con serias objeciones a la iniciativa impulsada por la Concertación.
"Si bien el reclamo generalizado de la sociedad obligaba a una respuesta rápida, aparece al menos como desprolijo soslayar aportes, seguramente enriquecedores, de todos los sectores en orden a construir un proyecto que genere un salto cualitativo en la vida institucional de la provincia", destacaron en la misiva remitida a todos los bloques y la Presidencia de la Legislatura.
Luego de aclarar que comparten la conclusión de fondo que implica avanzar hacia procesos más transparentes -a partir de los concursos de oposición y antecedentes- los colegios advirtieron que la queja puntual está relacionada con el apuro del oficialismo para aprobar el texto presentado el mes pasado por Daniel Sartor. Ese proyecto tuvo su primer respaldo en la sesión del 29 de noviembre y pretende ser convertido en ley el próximo jueves 20.
Los abogados recordaron "los amplios y explícitos consensos obtenidos" en los plenarios de los Consejos de la Magistratura realizados en 2004 en Bariloche y Cipolletti, destacando que "nos sorprende la inconsulta iniciativa llevada adelante por uno de los participantes de aquellas jornadas, que obliga a los demás estamentos del Consejo, a situarnos frente a un "doble hecho consumado" (introducción del proyecto en la Legislatura y su aprobación en primera vuelta), que acota de manera evidente la posibilidad de reiterar los acuerdos conceptuales y/o estructurales que fundamentaron las conclusiones de los plenarios".
En el análisis específico del proyecto de Sartor, las discrepancias más importantes están relacionadas con la publicidad de las sesiones del Consejo y el método propuesto para calificar a los aspirantes a juez o funcionario.
El oficialismo aprobó en primera vuelta la continuidad de las sesiones secretas y dispuso que en los concursos se asignen los mismos puntos máximos (40) al examen de oposición que a la entrevista personal con los consejeros. "Equiparar los puntos otorgados a estos dos últimos aspectos, atenta contra el espíritu de la reforma", dijeron desde los colegios de Roca, Bariloche y Cipolletti para rechazar la persistencia de la discrecionalidad.
Por otra parte, cuestionaron una extensa lista de pasos instrumentales previstos por el oficialismo en su proyecto, "que marcan soluciones incoherentes con los objetivos que nos proponemos o consagran alternativas que no serán funcionales para los fines perseguidos".
(Redacción Central)
